viernes, 30 de junio de 2017

Multa de 2,42 millones de Euros a Google por abuso posición dominante



Desde Díez y Romeo Abogados se está haciendo un seguimiento del caso que ha terminado con la imposición de esta sanción al gigante americano.

El pasado 27 de junio se informaba de que la Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de 2,42 mil millones de euros por infringir la legislación antitrust de la UE. Según el organismo europeo Google ha abusado de su posición dominante en el mercado en cuando motor de búsqueda ofreciendo una ventaja ilegal a otro producto de Google, su servicio de compras comparativas.

La empresa debe poner ahora un término a su forma de proceder en el plazo de 90 días o enfrentarse al pago de una multa que puede llegar hasta el 5% de la cifra de negocios media diario de Alphabet, la sociedad matriz de Google, a nivel mundial.

La comisaria Margrethe Vestager, a cargo de la política de competencia, ha afirmado lo siguiente: «Google nos ha traído numerosos productos y servicios innovadores que han supuesto un gran cambio en nuestras vidas y eso es algo positivo. Pero la estrategia de Google para su servicio de compras comparativas no se limita a atraer clientes ofreciendo un producto que sea mejor que los de sus rivales, sino que Google ha abusado de su posición dominante como motor de búsqueda situando en mejor lugar su propio servicio de compras comparativas dentro de sus resultados de búsqueda y colocando en peor situación los de sus competidores.

Lo que Google ha hecho es ilegal según la legislación antitrust de la UE, pues ha denegado a otras empresas la posibilidad de innovar y de competir según sus méritos. Y lo que es más importante, ha denegado a los consumidores europeos una auténtica oferta de servicios y todas las ventajas de la innovación».

Estrategia de Google para su servicio de compras comparativas

El producto emblemático de Google es su motor de búsqueda, que ofrece resultados de búsqueda a los consumidores, los cuales pagan el servicio con sus datos. Casi el 90 % de los ingresos de Google proceden de los anuncios, como los que muestra a los consumidores como respuesta a una consulta.

En 2004, Google entró en el mercado de los servicios de compras comparativas en Europa, con un producto que se llamó inicialmente «Froogle», al que se denominó posteriormente «Google Product Search» en 2008 y que desde 2013 se llama «Google Shopping». Este producto permite a los consumidores comparar productos y precios en internet, así como encontrar ofertas de minoristas en línea de todo tipo, como tiendas virtuales de fabricantes, plataformas (Amazon, eBay, etc.) y otros revendedores.

Cuando Google hizo su entrada en los mercados de las compras comparativas con Froogle, ya eran conocidos diversos agentes económicos. Datos de la época procedentes de Google muestran que la empresa era consciente de que los resultados de Froogle en el mercado eran relativamente flojos, como queda patente en un documento interno de 2006, en el que se decía que «Froogle simply doesn't work»/«Sencillamente, Froogle no funciona».

Los servicios de compras comparativas dependen en gran medida del tráfico para ser competitivos. A mayor tráfico, mayor número de clics, y mayores ingresos. Además, un mayor tráfico atrae a un mayor número de vendedores que desean asociar sus productos a un servicio de compras comparativas. Teniendo presente la posición dominante de Google en las búsquedas de carácter general en internet, su motor de búsqueda es una fuente importante de tráfico para los servicios de compras comparativas.

En 2008, Google inició en los mercados europeos un cambio fundamental de estrategia para impulsar su servicio de compras comparativas. Esta estrategia se basaba en la posición dominante de Google en las búsquedas de carácter general en internet, y no en la competencia según los méritos en los mercados de las compras comparativas:

 1.- Google coloca sistemáticamente en un lugar destacado su propio servicio de compras comparativas: cuando un consumidor hace una consulta en el motor de búsqueda de Google sobre la cual el servicio de compras comparativas de Google desea mostrar resultados, estos aparecen en la parte superior de la lista de resultados de búsqueda, o cerca de ella.
 2.-  Google coloca en peor lugar los servicios de compras comparativas rivales en los resultados de búsqueda que ofrece: los servicios de compras comparativas rivales aparecen en la lista de resultados de búsqueda de Google según los algoritmos de búsqueda genérica de esta compañía. Google incluye diversos criterios en estos algoritmos, con el resultado de que los servicios de compras comparativas rivales aparecen en peor posición. Puede comprobarse que, incluso el servicio rival mejor situado, aparece por término medio solo en la cuarta página de resultados de búsqueda de Google, y otros figuran incluso más abajo. El propio servicio de compras comparativas de Google no está sometido a los algoritmos de búsqueda genérica de aquel, incluida la colocación en posiciones menos favorables.

La consecuencia de todo ello es que el servicio de compras comparativas de Google les aparece a los consumidores de forma mucho más visible en los resultados de las búsquedas, mientras que la visibilidad de los servicios rivales es mucho menor.

Es fácil comprobar que los consumidores clican mucho más a menudo en los resultados más visibles, es decir, los que aparecen en una posición superior entre los resultados de las búsquedas de Google. Incluso en un ordenador de mesa, los diez resultados de búsqueda genérica mejor situados en la primera página reciben en conjunto, por lo general, aproximadamente el 95 % de todos los clics de los resultados de búsqueda genérica (el resultado mejor situado recibe en torno al 35 % de todos los clics). El primer resultado de la segunda página de resultados de búsqueda genérica de Google recibe tan solo en torno al 1 % de todos los clics. Esto no puede explicarse tan solo por el hecho de que el primer resultado sea más importante, porque las pruebas también demuestran que desplazar el primer resultado al tercer puesto produce una reducción del número de clics de aproximadamente un 50 %. Los efectos en los dispositivos móviles son incluso más pronunciados, ya que el tamaño de la pantalla es mucho menor.

De lo anterior se deduce que, por el hecho de colocar en un lugar destacado únicamente su servicio de compras comparativas y de situar a sus competidores en peor lugar, Google ha dado a su servicio una ventaja considerable en comparación con sus rivales.

Infracción de la legislación antitrust de la UE

Las prácticas de Google suponen un abuso de su posición dominante en la búsqueda general de internet por inhibir la competencia en los mercados de compras comparativas.

La posición dominante no es ilegal en sí misma según la legislación antitrust de la UE. No obstante, las empresas dominantes tienen la especial responsabilidad de no abusar de su posición en el mercado restringiendo la competencia, bien en el mercado en que son dominantes o en otros mercados.

    En la Decisión adoptada  se llega a la conclusión de que Google ocupa una posición dominante en los mercados de búsqueda general en internet en todo el Espacio Económico Europeo (EEE), es decir, en los treinta y un países que lo integran. La Decisión indica que Google mantiene una posición dominante en los mercados de búsqueda general en internet de todos los países del EEE desde 2008, salvo en Chequia, donde la Decisión fija la posición dominante desde 2011. Esta evaluación se basa en que el motor de búsqueda de Google mantiene cuotas de mercado muy altas en todos los países del EEE, superiores al 90 % en la mayoría de ellos, y lo lleva haciendo de forma constante desde al menos 2008, que es el periodo que ha investigado la Comisión. Hay también barreras muy altas para entrar en estos mercados, en parte debido a los efectos de la red: cuanto más utilizan los usuarios un motor de búsqueda, más atractivo resulta para los anunciantes. Las ganancias generadas pueden utilizarse entonces para atraer más consumidores. De igual modo, los datos que reúne un motor de búsqueda sobre los consumidores pueden a su vez utilizarse para mejorar los resultados.
   
Google ha abusado de esta posición dominante dando a su propio servicio de compras comparativas una ventaja ilegal. Google solo coloca en una posición destacada en sus resultados de búsqueda su propio servicio de compras comparativas, mientras que los servicios rivales los sitúa en un lugar más desfavorable. Google ha estado inhibiendo la competencia basada en los méritos en los mercados de las compras comparativas.

Google ha implantado esta práctica en todos los países del EEE donde utiliza este producto de compras comparativas, comenzando en enero de 2008 en Alemania y el Reino Unido. Posteriormente hizo extensiva esta práctica a Francia en octubre de 2010, a Italia, Países Bajos y España en mayo de 2011, a Chequia en febrero de 2013 y a Austria, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Polonia y Suecia en noviembre de 2013.


























Los motivos tienen mucho que ver con un concepto básico incluido en las normas de competencia: “el abuso de posición dominante”.  Tanto, que la propia Comisión Europea alude a él hasta en 12 ocasiones en su nota de prensa sobre el caso (versión en español aquí).  Os contamos, a continuación, qué se entiende por “abuso de posición de dominio”.
Lo que ha enfadado tanto a la CE ha sido precisamente eso: que Google abusó de su posición privilegiada en el mercado. Lo hizo a través de su motor de búsqueda, mediante el que ofreció una ventaja ilegal a otro producto propio, Google Shopping, su comparador de precios on line, para situarlo en un lugar destacado frente al de sus competidores.
La esencia del caso, la  resume con estas palabras la comisaria de Competencia, Margaret Vestager:
«Google nos ha traído numerosos productos y servicios innovadores que han supuesto un gran cambio en nuestras vidas y eso es algo positivo. Pero la estrategia de Google para su servicio de compras comparativas no se limita a atraer clientes ofreciendo un producto que sea mejor que los de sus rivales, sino que Google ha abusado de su posición dominante como motor de búsqueda situando en mejor lugar su propio servicio de compras comparativas dentro de sus resultados de búsqueda y colocando en peor situación los de sus competidores.

 ¿Cuándo una empresa abusa de su posición de dominio?

Basta con consultar la Ley de Defensa de la Competencia (Artículo 2) para entender en qué supuestos una compañía  abusa de su “posición de dominio”:
a) Impone, de forma directa o indirecta,  precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos.
b) Limita la producción, la distribución o el desarrollo técnico y produce un perjuicio injustificado a las empresas o los consumidores.
c) Se niega injustificadamente a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios.
d) Aplica, en sus relaciones comerciales o de servicios, condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que sitúan a unos competidores en      una situación de desventaja frente a otros.
e) Subordina la celebración de contratos con otras empresas o agentes a que acepten prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guardan relación con el objeto de dichos contratos.

Posición de dominio en el caso Google

Según la Comisión Europea, el abuso de posición de dominio de Google en el mercado ha afectado a un total de 31 países: a los 28 de la Unión Europea  y a otros tres Estados, Islandia, Linchestein y Noruega, que han suscrito el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEA).
En concreto, Google con su conducta ha infringido el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), cuyo contenido es esencialmente idéntico al del artículo 2 de la normativa española, que hemos mencionado antes, y al del artículo 54 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEA).

martes, 27 de junio de 2017

Abogados Díez & Romeo: ¿Debe la mediación ser obligatoria?

La mediación será una condición previa obligatoria en Italia antes de pasar a la acción judicial en los litigios entre consumidores y comerciantes. Así lo corroboró el 14 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que entiende como compatibles la normativa nacional, que explicita la obligatoriedad, y la comunitaria.

Eso sí, para preservar el Derecho de la Unión, se recalca que el consumidor podrá retirarse de la mediación en todo momento “sin tener que justificar su decisión”, y para que se lleve a cabo el procedimiento deberán darse algunos requisitos.

Según el TJUE, la exigencia de mediación no debe conducir a una decisión vinculante para las partes, ni implicar un retraso sustancial para llevar a cabo la acción judicial, interrumpir los correspondientes derechos u ocasionar gastos significativos.

“La mediación va a funcionar siempre que sea entendida como una política pública”, afirma Javier Wilhelm, director del Máster en Mediación Profesional de la UPF Barcelona School of Management. “Si esto se hace a nivel europeo toma mucha más fuerza, así que la noticia abre un nuevo panorama”, añade el profesor.

En su opinión, en la mayoría de los casos el principal motivo para no acceder a la mediación es el desconocimiento del proceso, ya que la vía penal “no siempre es la mejor manera de resolver los conflictos”. Sostiene que Italia, Francia y el País Vasco, donde ya es obligatoria, avalan ese camino con soluciones más rápidas y controladas.

Por eso, el experto se muestra partidario de la obligatoriedad: “La mediación descomprime el colapso judicial, promueve un sistema en el que la ciudadanía es protagonista de la resolución de sus conflictos y ahorra dinero a todos”.

De hecho, Wilhelm enfatiza que ya hay una directiva europea de 2008 que la promueve, pero que los estudios de aplicabilidad anuales demuestran que no se está llevando a cabo. “La clave es que la gente conozca el proceso, y la única forma de hacerlo es pasando por una sesión prejudicial obligatoria, informativa y gratuita”, señala el profesor, quien destaca que España todavía está en la cola en este sentido.

Para él, “la mediación es una forma de gestionar conflictos más humana”, por lo que poco a poco se ha empezado a extender en todos los sitios donde la gente se relaciona con otras personas, desde el entorno familiar, hasta el lugar de trabajo y los colegios.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/economia/management/20170626/423712094102/debe-mediacion-ser-obligatoria.html

 

domingo, 25 de junio de 2017

La 'startup' española Ysi, primer comparador 'online' de servicios de telecomunicaciones

Díez y Romeo. Noticias Telecomunicaciones.

La 'startup' Ysi ha puesto en marcha la primera plataforma 'online' que asesora a los consumidores sobre los productos y servicios de telecomunicaciones, según ha informado en una nota de prensa.

Esta 'startup' tecnológica, con mayoría de capital español y un 37% de inversión noruega y sueca, ha sido fundada por Christian Nyborg y Miguel Almeida, y pretende ofrecer un servicio de asesoramiento y ayuda personalizado sobre la oferta del mercado de las telecomunicaciones.

Para ello, Ysi cuenta con tecnología y un algoritmo propios, que permite a los usuarios recomendar un producto atendiendo a preferencias de los usuarios, más allá de la comparativa de precios.

La compañía ofrece a sus usuarios asesoramiento a la hora de elegir un producto o servicio de telefonía, televisión e Internet. Para ello, Ysi sale al mercado con un catálogo que representa el total de la oferta en telecomunicaciones de los operadores con cobertura nacional.

Fuente:http://www.eleconomista.es/tecnologia-internet/noticias/8439274/06/17/La-startup-espanola-Ysi-primer-comparador-online-de-servicios-de-telecomunicaciones.html

 

sábado, 24 de junio de 2017

Europa admite la obligación de ir a la mediación antes que a los juzgados

Diez & Romeo Mediación online.

Diez & Romeo Mediacion electrónica

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechaza que el Derecho de la Unión se oponga a una normativa nacional que establece la obligatoriedad de la mediación con carácter previo al ejercicio de la acción judicial en los litigios en los que sean parte los consumidores. Sin embargo, reconce que, dado que el acceso a la justicia debe estar garantizado, el consumidor puede retirarse de la mediación en todo momento "sin tener que justificar su decisión".

Garantizar el acceso

 La sentencia, dictada ayer, explica que la normativa europea garantiza que los consumidores puedan, "si así lo desean", presentar reclamaciones contra los comerciantes mediante procedimientos de resolución alternativa de litigios. "Lo relevante no es el carácter obligatorio o facultativo del sistema de mediación, sino el hecho de que, como prevé expresamente la Directiva, se preserve el derecho de las partes a acceder al sistema judicial", señala el fallo.

En todo caso, entiende que la exigencia de un procedimiento de mediación con carácter previo al ejercicio de las acciones judiciales puede ser compatible con el principio de tutela judicial efectiva si concurren determinados requisitos que compete examinar al juez nacional. En este sentido, el TJUE avala esta exigencia si no conduce a una decisión vinculante para las partes, no implica un retraso sustancial para ejercitar una acción judicial, interrumpe la prescripción de los correspondientes derechos y no ocasiona gastos significativos, siempre y cuando la vía electrónica no constituya el único medio de acceder al procedimiento de conciliación y sea posible adoptar medidas provisionales urgentes. 

En esas circunstancias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que el hecho de que la normativa de un país de la Unión Europea no sólo haya establecido un procedimiento de mediación extrajudicial, sino que, además, haya dispuesto la obligatoriedad del recurso a éste, previamente al ejercicio de una acción judicial, no es incompatible con la propia normativa comunitaria.

Fuente:http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8430759/06/17/Europa-admite-la-obligacion-de-ir-a-la-mediacion-antes-que-a-los-juzgados.html

 

Proposición no de ley: tipo agravado del delito de maltrato animal

Diez & Romeo: Noticias Maltrato animal

Hace unos días se ha dado a conocer que el Congreso ha registrado una proposición no de ley para que el art. 337 bis del Código Penal contemple un tipo agravado del delito, con penas más graves que aquellas que impone el tipo básico o tipo cualificado del delito. En la actualidad nos encontramos con el tipo básico, que prevé prisión de 3 meses y un día a 1 año; el subtipo cualificado, cuando existe la muerte del animal, para el que se prevé la pena de 5 a 18 meses de prisión, y el subtipo atenuado, que prevé la multa de 1 a 6 meses.

Lo que la propuesta busca es aplicar dicho tipo agravado a aquellos supuestos que cumplan los siguientes requisitos: que el maltrato se ejecute de forma continuada en el tiempo, sobre un número elevado de animales, con resultado de muerte, así como aquellos supuestos en los que el delito se cometa por quien tiene obligación legal o contractual de velar por el cuidado y bienestar de los animales.

La necesidad de dicho tipo agravado se ha puesto de manifiesto en numerosos casos, donde nos encontramos con un elevado número de víctimas. Podemos recordar el caso de la protectora de Parque Animal, donde a pesar de los miles de animales maltratados, la pena por el delito de maltrato animal fue irrisoria. (Debemos tener en cuenta que se aplicó la regulación del Código Penal anterior).

Parece que, con la propuesta, muchas situaciones hallarán una consecuencia proporcionada (o más ajustada) a la gravedad de los hechos.

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/mundo-animal/2017/06/24/proposicion-ley-tipo-agravado-delito/1909875.htm. Belen Perales. Abogada

 

 

 

El Consell obliga desde hoy a notificar el vuelo de "drones" en las emergencias

La modificación del plan territorial se publica hoy en el Diario Oficial de la Generalitat El Consell ha modificado el Plan Territorial de Emergencia como consecuencia a la admisión del procedimiento de actuación de operación de aeronaves pilotadas por control remoto, o «drones», en situaciones de emergencia bajo la dirección de la Generalitat. La nueva reglamentación entra hoy en vigor tras su publicación en Diario Oficial del Generalitat. Este procedimiento es obligatorio para todos los organismos con intención de volar una aeronave pilotada por control remoto en emergencias y su ámbito de actuación será el de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Las entidades que dispongan de «drones» que pudieran ser utilizados en una situación de emergencia, bajo la dirección de la Generalitat, deberán notificarlo al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Así, no se puede volar ningún «dron» en situación de emergencia si no se ha comunicado la posesión del mismo previamente al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat de la posesión del mismo. En esta línea, cuando la entidad que sea propietaria de la aeronave pilotada por control remoto proponga realizar un vuelo, deberá poner en conocimiento del director del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Plan de Protección Civil esta intención y le informará del tipo de datos y los detalles del dron. Una vez comunicado, será el director del PMA quien decidirá si el aparato volará y cuándo lo hará. En el caso de autorización del vuelo, la entidad será quien tendrá que responsabilizarse de realizar la solicitud a los Servicios de Información Aeronáutica de publicación de un Notam, es decir, deberá avisar al resto de los usuarios del espacio aéreo de dónde y cuándo va a volar, antes de realizar cualquier tipo de operación. Además, en el caso que en la emergencia estén actuando aeronaves pilotadas, nunca compartirán espacio aéreo ambos tipos de aeronaves. Si esto ocurre, quien tendrá la potestad de decidir quién ocupa el espacio aéreo será del director del PMA, en colaboración con el comandante de la aeronave o figura que asuma la coordinación de medios aéreos. Todos los datos e información obtenida por el «dron» serán puestos desde el momento inicial a disposición del director del PMA para colaborar en la toma de decisiones de la dirección operativa de la emergencia. Igualmente, los datos e información obtenida por la aeronave pilotada por control remoto será propiedad de la entidad titular de este equipo, aunque el modo en que será difundida durante el transcurso de una situación de emergencia será decisión de la dirección del Plan de Protección Civil activado. En el caso en que un particular quiera volar una aeronave pilotada por control remoto con fines privados en la zona de intervención de la emergencia, será, igualmente, el director de PMA quién decidirá si lo hace. Fuente: diarioinformacion.com

lunes, 5 de junio de 2017

La Justicia declara firme la ilegalidad de las sanciones y cierres a emisoras de radio.



  • ·      El TSJC respalda las tesis de Radio Sintonía y Onda CIT y ordena la nulidad de las sanciones audiovisuales.
  • ·        Son ilegales los cierres decretados por el gobierno canario en 2014


Recientemente se ha declarado la firmeza de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulaban las 5 sanciones de 100.000 € y los 4 precintos impuestas a varias emisoras de Radio FM. Se las acusaban de emitir sin licencias, sin embargo los Tribunales han tumbado las sanciones que decretadas por el Gobierno de Canarias.

En noviembre de 2016 se dictaron 4 Sentencias que liquidaban la represaría del ejecutivo canario de 2014 contra ciertas emisoras a las que sancionó por “no tener licencia”. Ello en medio de la tramitación de más de 24 recursos contra la adjudicación de las licencias radiofónicas de Radio FM que terminaron siendo anuladas por el propio TSJC.

Muchos periodistas del sector se lañaron que resulta irónico que una Comunidad Autónoma otorgue irregularmente las licencias de radio FM y después sanciones a las emisoras (algunas participaron en el concurso) por no tener licencia audiovisual radiofónica.

1.- Un poco de historia.-

Los hechos se remontan a los expedientes sancionadores abiertos en 2014. Aquél año el Gobierno de Canarias quiso hacer valer su capacidad para proteger la adjudicación de licencias FM realizada en 2012. A través del RECMER se comenzaron a realizar mediciones para detectar qué frecuencias eran legales y cuáles no. También se habilitaron a varios ingenieros para levantar actas a las radios que consideraban ilegales.

Así se abrieron varios expedientes sancionadores a unas cuantas emisoras canarias y, tras su tramitación, en todos se resolvió sancionar con multas de 100.000 €, cese de emisiones y precinto de las instalaciones.

En concreto las emisoras sancionadas fueron 2 en Tenerife (Onda Cit y Latinos FM), 1 en Fuerteventura, Radio Sintonia, (con 200.000 €) y 1 en Lanzarote.

Ante ello, desde Diez y Romeo se asesoró a las distintas emisoras acudir a la vía judicial, hecho que se llevó a la práctica con la interposición de 4 recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En concreto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, atribuyéndose el estudio de los distintos pleitos a los Magistrados designados.

2.- Los argumentos legales.-

Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por la emisora de radio en:
• Retraso en tramitar y resolver el expediente (Caducidad)
• Falta de prueba de la infracción
• Ausencia de motivación
• Infracción de principio de confianza legítima

Por parte de la administración, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:
• Presunción de veracidad de lo actuado por funcionarios públicos
• Presunción de certeza de las actas de la Administración
• Proporcionalidad de las sanciones impuestas.

3.- Ganan las emisoras.-

Tras los diferentes trámites procedimentales, las 4 emisoras, representadas por Diez y Romeo terminaron venciendo a la administración ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias. Los 4 fallos han estimado las demandas y, en consecuencia, han anulado todas las multas y precintos que en su día impuso la Administración por aquellas emisiones sin licencia.

Con este fallo, los letrados de DIEZ Y ROMEO, en defensa de las Radio FM, han logrado anular las multas por un total de 500.000 € y el cierre de las 4 emisoras  protegiendo sus emisiones y manteniendo su actividad radiodifusora desde sus instalaciones.


También quedó en evidencia la gestión de la potestad sancionadora del Gobierno de Canarias en 2014 que ha visto recientemente anulado el reparto de licencias FM por más de 20 Sentencias.

El resultado obtenido por Diez y Romeo ha sido inestimable y confirma una vez más la necesidad de contar con una defensa legal especializada en el ámbito audiovisual y telecomunicaciones que pueda detectar y neutralizar posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes sancionadores.