sábado, 30 de noviembre de 2013

Diez & Romeo: Breve análisis del cierre de Canal 9

Diez & Romeo Abogados ha estado muy pendiente de los últimos acontecimientos en el sector audiovisual, sobre todo en el devenir de las televisiones autonómicas públicas. Por eso, se hace necesario efectuar un breve análisis sobre el cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) que se ha empezado a hacer efectivo esta noche.

1.- Las causas de la crisis de las televisiones públicas.-

Hace casi dos años, el bufete Díez y Romeo, publicaba las causas de la crisis de las televisiones públicas autonómicas, que coinciden con las que han ocasionado en fin de la Radiotelevisión Valenciana. En síntesis son las siguientes:

A.- El tremendo coste al interés público en cuanto a la percepción de subvenciones y ayudas públicas que podrían ir destinadas a sectores más sensibles como la educación. Se recordaba por Diez y Romeo que en 2009, en plena recesión, las televisiones regionales percibieron subvenciones por valor de 814 millones de euros, lo que supone un aumento del 11% sobre el año anterior. Pese a ello, registraron pérdidas de 772 millones.

La descomunal deuda pública que arrastran. Es decir, las televisiones públicas autonómicas han costado a los contribuyentes miles de millones de euros.

Una gestión más que cuestionada. No se puede olvidar el dato de que durante años se han gastado cantidades astronómicas en derechos deportivos de primer nivel o fichajes estrella para su programación. Uno de los ejemplos más claros, planteado en su día por Diez y Romeo, era la Fórmula 1, cuyos derechos de emisión adquirieron TV3, TPA, IB3 y Canal 9.

La atomización de la oferta televisiva como consecuencia de la irrupción de los canales temáticos, la entrada en el mercado de nuevos operadores nacionales como Cuatro y La Sexta, y la multiplicación de las televisiones regionales y locales de nuevo cuño, ha supuesto una circunstancia sobrevenida que ha repercutido negativamente en las televisiones autonómicas públicas.

Las continuas caídas de las cuotas publicitarias. Las televisiones autonómicas han bajado estrepitosamente las cifras en el reparto del pastel publicitario, aunque bien es cierto que la coyuntura económica ha contribuido enormemente.

En el caso del Canal 9, el cierre se ha visto acelerado por la sentencia que declaraba nulo el expediente de regulación de empleo planteado, cuyo contenido se puede consultar en el blog de Diez y Romeo: http://diezromeomedia.blogspot.com.es/2013/11/la-sentencia-que-cierra-la-radio.html

2.- El escenario actual.-

Ante todo, lo más reseñable es el tremendo drama que supone para los profesionales de la comunicación la pérdida del empleo en estos tiempos. La desaparición de Canal 9 deja sin contenidos televisivos a los ciudadanos valencianos ya que las televisiones privadas fueron privadas de sus licencias por medio de la anulación de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo. El panorama jurídico televisivo valenciano, a juicio de Díez y Romeo, queda de la así:

- La referencia pública que suponía Canal 9 extinguida
 - Ineficacia de los contratos que el ente público había suscrito, en el sentido que no podrán desarrollarse.
 - Autorización a la iniciativa privada de la TDT invalidada por haber sido anulada.
 - Los empresarios del sector están expuestos a sanciones por no tener licencia para emitir.
 - Incertidumbre sobre la validez de los acuerdos y negocios jurídicos en base a su condición de adjudicatario de la TDT.
 - Legitimidad para reclamar los daños y perjuicios derivados de la pérdida de la licencia de TDT.
 - Aplicación del mismo régimen legal existente antes del reparto de licencias.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Diez & Romeo: Ley de Telecomunicaciones ¿Quiebra de la desvinculación de redes y contenidos?

En materia de Telecomunicaciones, uno de los principios más arraigados en las Directivas europeas radica en la desvinculación entre las redes de telecomunicaciones y los contenidos que por estas se difunden. Esto es, que las compañías como Abertis Telecom, Axion, Retegal,…., que gestionan las redes de telecomunicaciones, no pueden ser responsables de los contenidos transmitidos por las televisiones o las emisoras de radio. Así jamás se habrá visto condena judicial o administrativa a una red por los programas que ésta difunde.

Ahora bien, esta desvinculación se quiebra con el artículo 8.4 del proyecto de Ley de Telecomunicaciones que se tramita en el Parlamento. Los motivos guardan relación con las obligaciones que se les impone a los operadores de telecomunicaciones:

• Comprobar que quienes ocupan las frecuencias o canales radioeléctricos disponen de la autorización oportuna.
• Impedir a dar acceso a la red a las emisoras (radio y televisión) que no tengan autorización para usar el espectro radioeléctrico.

Estas labores forman parte de la función inspectora (y sancionadora)cuyo monopolio de tal ejercicio compete exclusiva y excluyentemente a las administraciones públicas, en este caso del Ministerio de Industria. Y no se puede trasladar a los operadores la labor inspectora o de policía que corresponde a la Administración, ya que pretender imponer a los operadores la obligación de verificar la situación legal de sus clientes supone:

• Vaciar de contenido las obligaciones públicas de inspección para asignarlas a la empresa privada.
• Violentar el principio vehicular de la regulación de redes consistente en que los titulares de redes de comunicaciones no son responsables de los contenidos transmitidos

Acudiendo a otros ámbitos, resulta inverosímil atribuir la responsabilidad del contenido de las cartas al titular de la red postal (Correos) o culpabilizar al operador de telefonía de las amenazas proferidas en una conversación telefónica. Igualmente resulta irrazonable obligar a la compañía que suministra electricidad o agua a un restaurante que, previamente a efectuar tales suministros, comprobase que la actividad posee las correspondientes licencias de actividad y funcionamiento.

¿Se puede alguien imaginar que en el puesto de acceso a una autopista de peaje, además de pagar el precio correspondiente, hubiera que acreditarle al empleado de la cabina del peaje que el conductor dispone del permiso de conducir?

Todas esas comprobaciones y pesquisas deben de ser a cargo de la Administración, a través de los servicios inspección y control. El deber de velar por el cumplimiento de la normativa jamás debe efectuarlo una empresa privada mediante la imposición de obligaciones, puesto que ello infringiría las garantías de la concurrencia e igualdad de condiciones de todo el mercado liberalizado, como es el de las telecomunicaciones.

Fuente: http://blogs.periodistadigital.com/jaimerodriguez.php/2013/11/29/diez-y-romeo-desvinculacion-de-redes-y-c

jueves, 28 de noviembre de 2013

Diez & Romeo Media: Se convoca el concurso de 3 licencias radio FM en ...

Diez & Romeo Media: Se convoca el concurso de 3 licencias radio FM en ...: El pasado 26 de noviembre, se han hecho públicas las bases que rigen el concurso de las 3 licencias de comunicación radiofónica en Melilla, ...

Diez y Romeo publica las bases del concurso FM Melilla

Díez y Romeo pone a tu disposición las bases del concurso de la FM en Melilla:

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http://www.melilla.es/melillaportal/contratante/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10769_1.pdf

Pliego de Cláusulas Administrativas
http://www.melilla.es/melillaportal/contratante/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10768_1.pdf


Pliego de Prescripciones Técnicas
http://www.melilla.es/melillaportal/contratante/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_10767_1.pdf

Se convoca el concurso de 3 licencias radio FM en Melilla

El pasado 26 de noviembre, se han hecho públicas las bases que rigen el concurso de las 3 licencias de comunicación radiofónica en Melilla, concretamente en el BOME del pasado martes.

I.- Principales cuestiones
La convocatoria se articula en 2 pliegos (Cláusulas administrativas y Prescripciones Técnicas) donde se fijan las condiciones que se han de cumplir para participar en la licitación. Se abordan cuestiones como 1) objeto y régimen jurídico, 2) presentación de proposiciones, 3) valoración de las proposiciones, y 4) resolución del concurso

Entre los aspectos a tener en cuenta destacan los siguientes:

A.- Número de licencias
Salen a concurso 3 licencias para Melilla: 92.2 FHz, 98.4 FHz y 102.2 MHz

B.- Se exigen garantías.
Melilla exige:
Garantía Provisional: 18.000 €
Garantía Definitiva: 50.000 €.

C.- Plazo de presentación.
 El plazo de presentación de la documentación será de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación (desde el 27 de noviembre) en el BOME

D.- Lugar de presentación:
Las solicitudes y los sobres cerrados que contengan la documentación señalada en las bases, deberán presentarse en el Registro General del Negociado de Contratación de la Ciudad Autónoma, situado en la Plaza de España, s/n, 52001, Melilla.
Igualmente, se puede presentar por correo certificado tal y como pautan las bases del concurso.

II.- Formalidades

La documentación deberá de ser presentada en 2 sobres:
• Sobre nº 1, donde constará la documentación administrativa
• Sobre nº 2 donde se aporta el proyecto de emisora de radio que será evaluada.
Los proyectos deberán ser contener estos extremos para poder ser puntuados por la Mesa de Valoración, que es el órgano que se encarga de realizar la valoración de las ofertas. Un único licitador no podrá presentarse a las 3 licencias, ya que será excluido.

III.- Criterios de Valoración.-
Los criterios de valoración se dividen en tres grandes grupos:
Criterios evaluables mediante juicios de valor (40%)
1.- Estructura de la propuesta: 2 %
2.- Descripción técnica de la solución, estudio de viabilidad técnica y aspectos tecnológicos: 36 %
3.- Estudio de viabilidad económica y planificación  de trabajos: 2%
Criterios evaluables mediante fórmulas (60%)
4.-Difusión nacional de la oferta de contenidos: 40%
5.- Puestos de trabajo directamente vinculados: 15%
6.- Puestos de trabajo de personas discapacitadas : 5%


IV.- Objetivos del concurso
 Con esta convocatoria se posibilita la adecuación definitiva de Melilla a la nueva normativa audiovisual nacida tras la publicación de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual.
Por otro lado, las bases tienen por finalidad:
 Contribuir a la pluralidad de la oferta radiofónica.
 Promocionar la programación local y regional.
 Favorecer la generación de empleo.
 Aportar una la radio de calidad para la audiencia

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Diez y Romeo: El impacto sancionador de la Ley Telecomunicaciones

El impacto sancionador que la Ley de Telecomunicaciones contempla en su seno es absolutamente demoledor, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura económica por la que atraviesan las PYMES del sector.

Con respecto a la cuantificación de las sanciones, se mantienen algunas, como las máximas para infracciones muy graves que quedan en un máximo de 20 m€, y se modifican otras, como las graves que pasan de 500.000 € a hasta 2 m€, y las leves de 30.000 a hasta 50.000 €.

Pero no siempre la adecuación a los avances tecnológicos va en consonancia con el escrupuloso respeto a los derechos procedimentales del interesado. La estructura de las nuevas medidas provisionales da buena cuenta de ello. Y en especial las inéditas medidas provisionales previas al procedimiento sancionador enunciadas en el artículo 82 del nuevo texto

El citado precepto establece que el Ministerio de Industria Energía y Turismo mediante resolución podrá ordenar el cese de la actividad infractora (emisiones radiofónicas y televisivas perjudicialmente interferentes, u otras…), antes de la apertura de un expediente sancionador cuando existan razones de imperiosa urgencia basadas en alguno de los siguientes supuestos, la posible:

• Producción de perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de Seguridad Pública, Protección Civil y de Emergencias
• Puesta en peligro de la vida humana
• Causación de graves interferencias a otros servicios o redes de comunicaciones electrónicas

Pero lo que realmente consterna a los medios de comunicación por ondas es que el cese de sus emisiones:
• Se pueda imponer sin que exista audiencia previa del interesado.
• Dure más de 15 días (hasta un mes), en contra de lo establecido en el artículo 72. 2 de la Ley 30/1992, y
• Se ejecute por terceros ajenos a la administración (no funcionarios).

Desde el punto de vista de la regulación general del proceder administrativo, esta incorporación plantea algunos obstáculos de cierto calibre.

En primer lugar, el de poder acordar el cese de emisiones inaudita parte. De una interpretación rigurosa del art. 72, no parece extraerse la obligación de otorgar este trámite, pero tampoco se excluye su evacuación por parte del Ministerio de Industria si así lo estima oportuno. En cualquier caso, el art. 105 CE recoge este principio aplicado tanto al procedimiento de elaboración de reglamentos, como de los actos de la Administración. Y el art. 35 e) de la Ley 30/1992, garantiza ese mismo derecho dentro del procedimiento administrativo, siempre que se efectúen las alegaciones antes del trámite de audiencia. El problema estriba en que según la redacción del art. 72, en relación a la medida previa de cese de emisiones, no nos encontramos aún dentro de tal procedimiento.

Por eso, en este apartado, la jurisprudencia se ha decantado más por las posiciones garantistas de precisar el trámite de audiencia. El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 18 de octubre de 1994, interpretando el art. 72 de la Ley 30/1992 y pronunciándose sobre el cierre cautelar de un bar, considera que "...se ha verificado sin conceder un trámite de audiencia al propietario, por breve que fuese el plazo para ello... Una medida como es el cierre de un establecimiento, que supone una importante restricción a los derechos del propietario de la empresa, requiere una motivación suficiente... y exige al mismo tiempo una audiencia preliminar del interesado, si ello es posible, como desde luego lo era en el supuesto de autos. La falta de cumplimiento de estos requisitos da lugar a que consideremos... que el Acuerdo... ha infringido el artículo 72. 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958...".

En definitiva, la administración debe asegurar en lo posible la audiencia del interesado en la medida que la urgencia del perjuicio que se trata de evitar lo tolere. Y no parece que un supuesto perjuicio a una emisora competidora de la presunta infractora tenga la suficiente entidad como evitar alegar antes de imponer un cese de emisiones.

Otro de los puntos conflictivos en la nueva regulación, es el período de duración del cese: hasta un mes. Lo cual parece indicar un anticipo de la resolución de fondo, pudiendo quebrantar con ello el derecho fundamental al proceso con las debidas garantías de contradicción y prueba, de los que, evidentemente, participa el procedimiento administrativo.
En el caso de las medidas pre-procedimentales, como el cese de emisiones, el procedimiento sancionador que se inicie debe sustanciarse, a lo sumo, en el plazo de quince días después de acordada la medida, tal y como indica el artículo 72.2 de la Ley 30/1992. Esto, que es elemental y sencillo de asumir por el legislador, no resulta serlo tanto en el Proyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones.

Por último, donde se plantean la mayor parte de las colisiones es en el artículo 82.2 del Proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones al disponer que "Esta orden de cese irá dirigida a cualquier sujeto que se encuentre en disposición de ejecutar tal cese”.

Este dictado indica que cualquier sujeto, ajeno al órgano público competente (Ministerio de Industria), podría ejecutar la media previa de cese de las emisiones. Semejante indefinición nos situaría en un escenario donde los intereses particulares de ciertos operadores privados de telecomunicaciones, o de las empresas competidoras de la presunta infractora marcasen la adopción del cese de emisiones. Algo absolutamente contrario al artículo 127 de la Ley 30/92 dado que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde exclusivamente a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.

Llegar a esta conclusión parece más fácil si se acude a la raigambre del artículo 12.2 del Real Decreto 1398/1993, (Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora). En él se recoge que las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

Resulta evidente que las medidas previas sólo pueden ser ejecutadas por personal al servicio de la administración pública y no por sujetos privados tal y como se regula en artículo 82.2 del Proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones.

Jaime Rodríguez Díez

Extremadura regularizará las radios y televisiones municipales y comerciales

La Dirección General de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información trabaja para en la "regularización" de las radios y televisiones municipales y comerciales con el fin de "poner orden en un sector que, dentro de región, se encontraba sumido en el caos y donde la mayoría emitían de manera ilegal o irregular".
El Gobierno extremeño señala que desde el inicio de la legislatura trabaja en una regulación del sector en las comunidades autónomas de acuerdo con la ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, aprobado por el Gobierno Zapatero y, posteriormente, por el decreto 134/2013 de 30 de julio de Comunicación Audiovisual aprobado por el Ejecutivo.
Los plazos concedidos y las sanciones anunciadas para el caso de incumplimiento son las reguladas en ambas normativas.
Antes de aprobar el decreto autonómico, la Dirección General trabajó para regularizar las emisoras y televisiones comerciales en situación ilegal o irregular, solicitando el cese de emisiones y la regularización.
Posteriormente, la labor se ha centrado en las radios y televisiones municipales, actuando en todos los municipios que estén incumpliendo la normativa, independientemente del signo del gobierno local.
Por esto, se han llevado a cabo actuaciones en poblaciones como Cabeza del Buey, Olivenza, Zalamea de la Serena, Quintana de la Serena, Cáceres, Badajoz, Trujillo, Ribera del Fresno, Alange y Villafranca de los Barros.
En el caso concreto de Jerez de los Caballeros, se agrega, se ha cumplido escrupulosamente con la normativa.
Respecto de la radio, ya el 13 de enero de 2004 se advirtió a sus responsables de "la caducidad" y se les hizo un requerimiento para que solicitaran el reconocimiento técnico de las instalaciones.
Sin embargo, durante casi diez años han estado emitiendo sin la correspondiente concesión administrativa -actualmente ya licencia- y no han dado contestación alguna a los requerimientos enviados por la Junta de Extremadura, agrega el Gobierno regional.
Por esto, con fecha 15 de noviembre de 2013 la Directora General de Administración Electrónica y TI, Pilar Gómez de Tejada, ha firmado una propuesta para elevar al Consejo de Gobierno la declaración de caducidad y archivo de las actuaciones del expediente.
Además, mediante un escrito de la misma fecha se requiere al Ayuntamiento el cese inmediato de las emisiones, dándoles un plazo de cinco días para comunicar dicho cese.
Con respecto a la televisión local, esta carece de licencia para poder emitir.
En este sentido, destaca que a todas las localidades se les están dando los mismos plazos.
A pesar de ello, ante idéntica situación, algunas localidades han optado por regularizar la situación obteniendo, por tanto, la licencia; otras están en vías de resolverlo; y otras están optando por armar ruido y con el fin de convertir una actuación amparada en la legalidad en un asunto político en el que prima la demagogia y la utilización de las personas.

Ley de Telecomunicaciones y su impacto en la publicidad online, uso de cookies y spam

El pasado 13 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Si la reforma de la Ley se aprueba en los términos propuestos modificará, a través de su Disposición Final Segunda, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que ha sido remitido a ENATIC desde algunos grupos parlamentarios a fin de que hagamos alegaciones como asociación de expertos en la materia, altera la redacción de los artículos 18, 20, 21, 22, 37, 38 y la Disposición Adicional Sexta de la citada Ley, incluyendo un nuevo artículo 39.bis así como las Disposiciones Adicionales Octava y Novena.
En este artículo se procederá exclusivamente a comentar las principales modificaciones y el impacto de esta reforma en relación a las actividades de envío de comunicaciones de carácter comercial junto con la nueva interpretación que cabe presumir de la regulación de las “cookies”.
(a) Simplificación del régimen regulador en materia de envío de “comunicaciones comerciales”.
La reforma simplifica la actual obligación del artículo 20.1 en materia de comunicaciones comerciales realizadas a través de medios electrónicos, indicando que éstas podrán realizarse, sin que sea exigible para su identificación la utilización de términos como “publi” o “publicidad”. Mantiene sin embargo, la necesidad de que dichas comunicaciones sean claramente identificables, así como la obligatoriedad de la identificación de la persona física o jurídica que las lleve a cabo.
Igualmente la reforma ratifica las inserciones en los artículos 21.2 y 22.1 sobre los medios de revocación de consentimiento a la recepción de comunicaciones comerciales que introdujera el Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo, matizando que podrá utilizarse el correo electrónico como medio de revocación del consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales además de otra dirección electrónica equivalente, como figura en la redacción actual.
Los matices introducidos por el Proyecto de Ley en los artículos 20, 21 y 22 simplifican, por lo tanto, la interpretación y cumplimiento de la norma.
 (b) Modificación del régimen sancionador en materia de envío de “comunicaciones comerciales”.
La reforma modifica el régimen sancionador para el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas, considerando infracción grave el envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, pero eliminando el conocido supuesto de envío de más de tres comunicaciones en el plazo de un año a un mismo usuario que figura en el artículo 38.3 c).
La infracción grave recogida en el artículo 38.3. c) queda redactada de la siguiente manera en el Proyecto de Ley:
“El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, o su envío insistente o sistemático a un mismo destinatario del servicio cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21”.
En la Memoria de Impacto Normativo sobre el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones que el Consejo de Ministros envió a las Cortes Generales se asimila la interpretación del concepto de “envío masivo” con el envío simultáneo de comunicaciones comerciales a múltiples destinatarios. Y procede por ello a añadir una infracción grave adicional consistente en el envío “insistente” o “sistemático” de comunicaciones comerciales al correo de un mismo destinatario, cubriendo así los supuestos de envío repetido a unos pocos destinatarios.
Manifiesta la Memoria que el régimen sancionador en esta materia se suaviza. Si bien se elimina la conocida cuestión del artículo 38.3.c) actual relativa al envío en el plazo de un año de más de tres comunicaciones comerciales a un mismo destinatario, se procede a la añadidura de una nueva tipificación. Los tipos de infracción grave serán, por un lado el envío “masivo”, y por el otro el envío “insistente” o “sistemático”, siendo por lo tanto dos las conductas tipificadas como infracción grave, que además quedarán, en principio, sujetas a la interpretación de quien deba aplicar o decidir su procedencia.
 (c) La modificación de la forma de facilitar el consentimiento a través de la configuración del navegador para la utilización de cookies.
La reforma elimina la condición para que el consentimiento expresado mediante la configuración de los navegadores o dispositivos equivalentes sea válido a los efectos del artículo 22.2, consistente en que el navegador o u otra aplicación pueda configurarse durante su instalación o actualización que requiera, para ello, una acción expresa por parte del usuario.
Esta modificación consiste en la eliminación, en el párrafo segundo del artículo 22.2 de la siguiente redacción actual: “(…) siempre que aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante una acción expresa a tal efecto”.
La Memoria de Impacto Normativo sobre el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones expresamente vincula esta eliminación a la inaplicabilidad de la vigente redacción en los “smartphones”, cuyo navegador está preinstalado y añade que la mención en la Ley podría condicionar el desarrollo tecnológico, cuestión que el legislador no desea.
Por lo tanto, la redacción queda de la siguiente manera:
“Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones”.
Esta redacción es de gran relevancia. Puesto que, al no requerir acción expresa del usuario para consentir en la utilización de cookies, podría entenderse que sea cual fuere la configuración del navegador, estaría configurado manifestando la voluntad del usuario de aceptar o no la instalación de las cookies, siendo como es esta configuración, en la mayoría de los navegadores comúnmente utilizados, “técnicamente posible y eficaz”.
 (d) La tipificación de conductas infractoras derivadas del artículo 22.2 en materia de cookies.
La Reforma modifica ambas infracciones actualmente existentes sobre el incumplimiento en materia de cookies.
Actualmente el artículo 38.3.i), al tipificar las infracciones graves, quedará sustituido por la redacción siguiente: “Ignorar deliberada y continuamente la voluntad manifestada por el destinatario para que no se instalen en su equipo terminal dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos o seguir tratando los datos recabados después de que se haya revocado su consentimiento”.
Asimismo, la redacción actual del artículo 38.4.g) recoge la infracción leve, pasando a decir: “Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos cuando no se hubiera facilitado la información ni obtenido el consentimiento del destinatario del servicio en los términos exigidos por el artículo 22.2”.
En el primero de los casos, se vincula la infracción grave a la vulneración del consentimiento del usuario final, estableciendo el dolo como condición necesaria para considerar la conducta sancionable. Sin embargo, el precepto habla de la manifestación del usuario de su negativa a la “instalación” de cookies en su terminal. No habla de la “utilización”, que es en lo que debe consentir el usuario según la redacción del artículo 22.2. Es un matiz esencial que el debate parlamentario debería aclarar, si no modificar.
Por otro lado, se esperará el matiz sobre la interpretación de la infracción leve que recoge la tipificación de la conducta de no recabar el consentimiento del usuario además de no facilitar la información, que en la redacción actual no existe, puesto que la diferenciación de los conceptos de “instalación” y “utilización” de las cookies marcaría una gran diferencia en la consideración de un hecho tipificable.
(e) Creación de un régimen de responsabilidad agravada para redes publicitarias o agencias en el artículo 37.
El artículo 37 de la Reforma establece un régimen de responsabilidad agravado que dice: “Cuando las infracciones previstas en el artículo 38.3. i) y 38.4 g) se deban a la instalación de dispositivos de almacenamiento y recuperación de la información como consecuencia de la venta por parte del editor o prestador del servicio de la sociedad de la información de espacios propios para mostrar publicidad, será responsable de la infracción, además del editor o prestador del servicio de la sociedad de la información, la red publicitaria o agente que coloque anuncios en dichos espacios en caso de no haber adoptado medidas para exigir al editor o servicio de la sociedad de la información el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario”.
La Memoria Técnica hace una referencia a este precepto, haciendo hincapié en que “se plasman, así, en la ley las obligaciones que la instalación de “cookies de terceros” conlleva para las redes publicitarias que son quienes las colocan en los equipos de los usuarios”.
Este artículo deja fuera de su redacción a muchos actores que intervienen en la comercialización publicitaria, al limitar las responsabilidades a las redes publicitarias y agencias, como por ejemplo, las plataformas de compra programática que comercializan el espacio publicitario de los Editores o las Webs, y que instalan cookies a través de las mismas.
La obligación de “exigir” al editor o soporte el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario convierte a estos sujetos en garantes del cumplimiento normativo de terceros, debiendo además valorar si los parámetros decididos por el Editor para garantizar la información y consentimiento del usuario final son los adecuados y se ajustan al criterio del legislador.
(f) La inclusión del régimen del apercibimiento en el artículo 39.bis.
La reforma introduce la capacidad del órgano sancionador de establecer la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa inmediatamente inferior a la clase de infracción que se trate, en el caso que concurran supuestos como (i) la disminución cualificada de la culpabilidad, (ii) la regularización diligente de la infracción, (iii) cuando la conducta del afectado haya podido inducir a la infracción, (iv) cuando exista reconocimiento espontáneo de culpabilidad o cuando (v) el hecho fuese anterior a procederse una fusión por absorción, siendo el hecho imputable a la absorbida.
Igualmente, el artículo 39.bis recoge la posibilidad para el órgano sancionador de que pueda apercibir al sujeto responsable sin acordar la apertura de un procedimiento sancionador.
Esta inclusión es desde luego positiva, con las reservas que el mismo tipo de regulación ya haya generado en un supuesto bien similar recogido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
La aprobación del texto definitivo de la Ley y el debate parlamentario que pueda surgir de esta modificación de la Ley 34/2002 debería aclarar los claroscuros aquí expuestos y tratar de proteger el sector digital y de Internet.
Fuente: ENATIC

martes, 26 de noviembre de 2013

Diccionario básico de la Ley de Telecomunicaciones III, Diez & Romeo

Esta es la tercera entrega del glosario

26. Operador: persona física o jurídica que explota redes públicas de comunicaciones electrónicas o presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y ha notificado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el inicio de su actividad o está inscrita en el Registro de operadores.

27. Operador con poder significativo en el mercado: operador que, individual o conjuntamente con otros, disfruta de una posición equivalente a una posición dominante, esto es, una posición de fuerza económica que permite que su comportamiento sea, en medida apreciable, independiente de los competidores, los clientes y, en última instancia, los consumidores que sean personas físicas.

28. Punto de terminación de la red: el punto físico en el que el abonado accede a una red pública de comunicaciones. Cuando se trate de redes en las que se produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación de la red estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá estar vinculada al número o al nombre de un abonado. El punto de terminación de red es aquel en el que terminan las obligaciones de los operadores de redes y servicios y al que, en su caso, pueden conectarse los equipos terminales.

29. Radiocomunicación: toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas.

30. Recursos asociados: las infraestructuras físicas, los sistemas, dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o elementos asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen la prestación de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello. Incluirán, entre otros, edificios o entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores.

31. Red de comunicaciones electrónicas: los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos que no son activos que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluida Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada.

32. Red pública de comunicaciones: una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que soporta la transferencia de señales entre puntos de terminación de la red.

33. Reserva de frecuencias: Porción de espectro radioeléctrico cuyos derechos de uso se otorgan por la Administración a una persona física o jurídica en condiciones especificadas.

34. Servicios asociados: aquellos servicios asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello e incluyen, entre otros, la traducción de números o sistemas con una funcionalidad equivalente, los sistemas de acceso condicional y las guías electrónicas de programas, así como otros servicios tales como el servicio de identidad, localización y presencia.

35. Servicio de comunicaciones electrónicas: el prestado por lo general a cambio de una remuneración que consiste, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión, pero no de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o de las actividades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos; quedan excluidos, asimismo, los servicios de la sociedad de la información definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/CE que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas.

36. Servicio de televisión de formato ancho: el servicio de televisión constituido, total o parcialmente, por programas producidos y editados para su presentación en formato ancho completo. La relación de dimensiones 16:9 constituye el formato de referencia para los servicios de televisión de este tipo.

37. Servicio telefónico disponible al público: el servicio disponible al público para efectuar y recibir, directa o indirectamente, llamadas nacionales o nacionales e internacionales a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica.

38. Sistema de acceso condicional: toda medida técnica o mecanismo técnico que condicione el acceso en forma inteligible a un servicio protegido de radiodifusión sonora o televisiva al pago de una cuota u otra forma de autorización individual previa.

39. Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

40. Teléfono público de pago: un teléfono accesible al público en general y para cuya utilización pueden emplearse como medios de pago monedas, tarjetas de crédito/débito o tarjetas de prepago, incluidas las tarjetas que utilizan códigos de marcación.

41. Usuario: una persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público.

42. Usuario final: el usuario que no explota redes públicas de comunicaciones ni presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público ni tampoco los revende.

Diccionario básico de la nueva Ley de Telecomunicaciones II, Diez & Romeo

Esta es la segunda entrega del glosario que estamos realizando:

13. Equipo avanzado de televisión digital: decodificadores para la conexión a televisores o televisores digitales integrados capaces de recibir servicios de televisión digital interactiva.

14. Equipo terminal: equipo destinado a ser conectado a una red pública de comunicaciones electrónicas, esto es, a estar conectado directamente a los puntos de terminación de aquélla o interfuncionar, a su través, con objeto de enviar, procesar o recibir información.

15. Especificación técnica: la especificación que figura en un documento que define las características necesarias de un producto, tales como los niveles de calidad o las propiedades de su uso, la seguridad, las dimensiones, los símbolos, las pruebas y los métodos de prueba, el empaquetado, el marcado y el etiquetado. Se incluyen dentro de la citada categoría las normas aplicables al producto en lo que se refiere a la terminología.

16. Espectro radioeléctrico: las ondas radioeléctricas en las frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 3000 GHz; las ondas radioeléctricas son ondas electromagnéticas propagadas por el espacio sin guía artificial.

17. Explotación de una red de comunicación electrónica: la creación, el aprovechamiento, el control o la puesta a disposición de dicha red.

18. Interconexión: la conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones utilizadas por un mismo operador o por otro distinto, de manera que los usuarios de un operador puedan comunicarse con los usuarios del mismo operador o de otro distinto, o acceder a los servicios prestados por otro operador. Los servicios podrán ser prestados por las partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red. La interconexión constituye un tipo particular de acceso entre operadores de redes públicas.

19. Interfaz de programa de aplicación (API): la interfaz de software entre las aplicaciones externas, puesta a disposición por los operadores de radiodifusión o prestadores de servicios, y los recursos del equipo avanzado de televisión digital para los servicios de radio y televisión digital.

20. Interferencia perjudicial: toda interferencia que suponga un riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrade u obstruya gravemente o interrumpa de forma repetida un servicio de radiocomunicación que funcione de conformidad con la reglamentación internacional, comunitaria o nacional aplicable.

21. Llamada: una conexión establecida por medio de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público que permita la comunicación bidireccional de voz.

22. Nombre: combinación de caracteres (cifras decimales, letras o símbolos) que se utiliza para identificar abonados, usuarios u otras entidades tales como elementos de red

23. Número: cadena de cifras decimales que, entre otros, pueden representar un nombre o una dirección.

24. Número geográfico: el número identificado en el plan nacional de numeración telefónica que contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red.

25. Números no geográficos: los números identificados en el plan nacional de numeración telefónica que no son números geográficos. Incluirán, entre otros, los números de teléfonos móviles, los de llamada gratuita y los de tarificación adicional.

Diccionario básico de la nueva Ley de Telecomunicaciones I, Diez & Romeo

El mundo de las comunicaciones electrónicas y explotación de redes está sufriendo un cambio de modelo al que le da cumplida réplica el nuevo proyecto de Ley de Telecomunicaciones. Con independencia de los beneficios que la nueva regulación pueda traer, este cambio se traduce en la irrupción de un nuevo sistema legal que rompe con el anterior (Ley 32/2003). Todo ello trae consigo una nueva serie de conceptos y palabras que es necesario conocer para enfrentarse al reto de abordar este sector.

En Diez & Romeo hemos preparado este pequeño glosario con definiciones sencillas para ayudar a entender la regulación que viene.

1. Abonado: cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para la prestación de dichos servicios.

2. Acceso: la puesta a disposición de otro operador, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de información o de servicios de contenidos de radiodifusión.

3. Agente económico: el fabricante, el representante autorizado, el importador y el distribuidor de equipos y aparatos de telecomunicación.
a) Distribuidor: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro distinta del fabricante o el importador que comercializa un producto.
b) Fabricante: toda persona física o jurídica que fabrica un producto, o que manda diseñar o fabricar un producto y lo comercializa con su nombre o marca comercial.
c) Importador: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que introduce un producto de un tercer país en el mercado comunitario.
d) Representante autorizado: toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre en relación con tareas específicas relativas a obligaciones de éste último en virtud de la legislación comunitaria correspondiente.

4. Atribución de frecuencias: la designación de una banda de frecuencias para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen.

5. Asignación de frecuencias: Autorización administrativa para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

6. Autoridad Nacional de Reglamentación: el Gobierno, los departamentos ministeriales, órganos superiores y directivos y organismos públicos, que de conformidad con esta Ley ejercen las competencias que en la misma se prevén.

7. Bucle local o bucle de abonado de la red pública de comunicaciones electrónicas fija: el circuito físico que conecta el punto de terminación de la red a un dispositivo de distribución o instalación equivalente de la red pública de comunicaciones electrónicas fija.

8. Consumidor: cualquier persona física o jurídica que utilice o solicite un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público para fines no profesionales.

9. Datos de localización: cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas o por un servicio de comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal de un usuario de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público.

10. Derechos exclusivos: los derechos concedidos a una empresa por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que le reserve el derecho a prestar un servicio o a emprender una actividad determinada en una zona geográfica específica.

11. Derechos especiales: los derechos concedidos a un número limitado de empresas por medio de un instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica específica:
a) Designen o limiten, con arreglo a criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, a dos o más el número de tales empresas autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad determinada, o
b) Confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios, ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente la capacidad de otra empresa de prestar el mismo servicio o emprender la misma actividad en la misma zona geográfica y en unas condiciones básicamente similares.

12. Dirección: cadena o combinación de cifras y símbolos que identifica los puntos de terminación específicos de una conexión y que se utiliza para encaminamiento.

La Ley de Telecomunicaciones se aprobará en 2014

Según se informa desde varios medios, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, ha adelantado este martes que cuenta con que la Ley General de Telecomunicaciones, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, se apruebe en los primeros meses de 2014 tras pasar por las Cortes Generales.
   Calvo Sotelo ha explicado que, según el calendario previsto, una vez culminado el debate de la totalidad en el Congreso de los Diputados, el proyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre, se encuentra en fase de enmiendas y ha apuntado que esta misma semana habrá ponencia y comisión.
   "Espero que el Congreso de los Diputados apruebe ya y mande la Ley al Senado antes de que termine el año y, por lo tanto, en los primeros meses del próximo año podemos contar ya con la nueva Ley General de Telecomunicaciones", ha precisado.

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD RECHAZADAS

El Pleno del Congreso rechazó la pasada semana, con los votos del PP y la abstención de PNV y UPyD, las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y ERC contra el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que creen que vulnera competencias, deja desprotegidos a los ciudadanos y favorece únicamente a los operadores.
   En cuanto a la actitud de los grupos parlamentarios de la oposición, el secretario de Estado de Telecomunicaciones ha indicado que, a pesar de las "varias" enmiendas a la totalidad, en general "casi todos" han expresado que quieren acudir al debate de enmiendas con una actitud "abierta".
   "Nosotros compartimos esta actitud, como ya dijo el ministro de Industria (José Manuel Soria) en su exposición y creo que hay margen para llegar a acuerdos", ha manifestado Calvo Sotelo a los periodistas al término de una presentación sobre 'smart cities' organizada por la consultora Everis.

FONDOS EUROPEOS

   Durante su presentación del informe 'Everismart', el titular de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria ha manifestado su satisfacción con el hecho de que el marco financiero para 2014 a 2020 de la Comisión Europea defina como eje de concentración el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
  "Desde Europa también llega un nuevo marco financiero 2014 a 2020. Las TIC se convierten en un eje de concentración. Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, con la Comisión Europea y con las asociaciones del sector para ver cómo podemos acceder a fondos y superar la cifra de 640 millones de euros que llegaron a España en el periodo anterior", ha explicado Calvo Sotelo.
   Asimismo, Calvo Sotelo ha indicado que se deben buscar nuevas formas de colaboración publico privada, que aporta mayor flexibilidad a la hora de gestionar estos fondos.

EVITAR UNA REGULACIÓN QUE FRENE NUEVOS NEGOCIOS

   Por otra parte, el secretario de Estado ha señalado que la Administración debe cuidar el papel regulatorio en la Industria TIC para encontrar el "equilibrio justo" que permita ser un catalizador y no un freno de los nuevos negocios.
   "Es importante encontrar un equilibrio para saber hasta dónde debe llegar la regulación para ser catalizadores y evitar llegar a ser inhibidores de nuevos negocios y una realidad económica. Hay que cuidar que la normativa no ahogue las nuevas potencialidades", ha aseverado.

Diez & Romeo asesora a los Ayuntamientos ante la nueva Ley de Telecomunicaciones

Tras la última publicación del proyecto de Ley de Telecomunicaciones un nutrido grupo de empresarios del sector se reunieron para trazar las estrategias necesarias con el fin de poder sensibilizar a los distintos colectivos de las consecuencias del texto.

Como ya se ha dicho, el proyecto de Ley en su seno contiene lo siguiente:

Perdida de competencias de los Ayuntamientos.-
La clave de esto se encuentra en los artículos 35 y 36 del proyecto de Ley, de donde se percibe que los ayuntamientos pierden el control sobre la promulgación de ordenanzas sobre instalación de antenas así como sobre el otorgamiento de licencias.

En efecto, hasta la fecha el objeto de las ordenanzas municipales era regular las condiciones a las que deben someterse la instalación y el funcionamiento de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las telecomunicaciones –especialmente las de telefonía móvil - en el municipio.

Las corporaciones locales intentaban con ello que su implantación produjera:
- La menor ocupación del espacio.
- El menor impacto visual, medioambiental y sanitario.
- La preservación del derecho de los ciudadanos de mantener unas condiciones de vida sin peligro o riesgo para su salud.

Y para ello establecían un procedimiento para la concesión de la preceptiva autorización. Pues bien, ahora con la nueva Ley de Telecomunicaciones se suprimirá toda licencia municipal tendente a la protección frente a la exposición humana a los campos electromagnéticos; y no se podrán controlar la adecuación de las instalaciones a la normativa vigente en materia de exposición ondas electromagnéticas. Ni siquiera con comunicaciones previas o declaración responsable ante la administración local.

El proyecto de la Ley prevé unas actuaciones que podrían contradecir la Sentencia 8/2012, de 18 de enero, del Tribunal Constitucional, que contribuyó a delimitar el alcance de estas competencias, así como la posible imposición por parte de otras administraciones territoriales de límites al derecho a la ocupación del dominio público y la propiedad privada, siempre que ello sea necesario, para preservar los intereses públicos que tienen encomendados, entre ellos medioambientales, paisajísticos y urbanísticos, y respetando siempre los criterios de proporcionalidad y efectividad del servicio

sábado, 23 de noviembre de 2013

SES urge a convocar otro concurso para la TDT en Canarias

Luis Sahún, director general en España del operador de satélites defendió ayer en un encuentro con periodistas en Tenerife la "convocatoria urgente" de nuevos concursos neutrales para llevar la televisión digital a las zonas que están fuera de la cobertura oficial de los radiodifusores.
Sahún señaló que la Comisión Europea (CE) declaró el pasado mes de junio "ilegales e incompatibles" las ayudas públicas que el Gobierno español destinó a extender la Televisión Digital Terrestre (TDT) a zonas remotas del país, por un valor de 230 millones de euros, de los que seis millones de euros le correspondía ingresar a Canarias.

El representante del operador de satélites –con 54 satélites en órbita que cubren el 99% de la población mundial– recordó que hubo "falta de notificación" y "ausencia de neutralidad tecnológica" en estas ayudas, que se destinaron a operadores de TDT, sin contemplar otras alternativas como la televisión por cable o por satélite, de las que dijo que son mucho más abaratas en su implantación y soportan un mayor número de canales por su mayor ancho de banda. De esta manera, Sahún calculó que en diez años las ayudas que el Gobierno hubiera tenido que poner en marcha para la implantación de la TDT hubieran rondado los diez millones de euros, mientras que el acceso a la televisión por satélite o cable supone una inversión de menos del 10% de esa cantidad, concretando en que estaríamos hablando de una cantidad que rondaría los 80 o 90 millones de euros.

Luis Sahún afirmó que "el único objetivo era el poder competir dentro de un marco común europeo donde el respeto a la neutralidad tecnológica es fundamental, pero lamentablemente esto no fue posible", comentó sobre los motivos por los que alertaron a la Comisión Europea.
Este organismo, ha agregado, concluye que es el momento de que esas ayudas sean recuperadas por el Gobierno central de los beneficiarios directos e indirectos, que son operadores de red y proveedores de equipos de telecomunicaciones.

En opinión de la compañía de satélites, la "decisión de Bruselas debiera suponer la convocatoria urgente de nuevos concursos neutrales para llevar la televisión digital a las zonas fuera de la cobertura oficial de los radiodifusores".
"Esto significará", agregó, "el acceso generalizado de los usuarios a las distintas tecnologías de difusión de televisión y un ahorro considerable para las arcas públicas".
Sahún, además, puso en duda la apuesta que se hizo en España por la TDT, que ya lleva aprobados dos dividendos digitales de frecuencia para el reparto entre las cadenas y los servicios de telefonía móvil del ancho de banda y añadió que se espera un tercer reparto a partir de 2015 de las frecuencias de banda ancha ante la inminente introducción de la tecnología 4G de telefonía móvil. El representante del operador de satélites también señaló la poca capacidad que tiene la TDT para la incorporación de canales en alta definición por el limitado ancho de banda del que disponen las cadenas, por ello señaló las enormes dificultades que se esperan cuando las cadenas emitan en "ultra-alta definición" la denominada tecnología (4k).

El director general de SES afirmó que la tecnología de satélite ha demostrado el gran papel que puede jugar, y puso ejemplos cercanos como Francia, con más de tres millones y medio de usuarios, o Reino Unido, con casi un millón y medio. "Todas las previsiones y estudios de mercado avanzan que el satélite va a ser una de las tecnologías que va a ocupar el lugar más destacado en la difusión masiva de estos servicios avanzados de la televisión digital" porque, entre otras razones, la tecnología TDT "no es la más avanzada" para ofrecer los servicios de televisión en alta definición que ya disponen la mayoría de las cadenas y la calidad de imagen que demandan los espectadores, concluyó.

Fuente: La Opinión de Tenerife

Diez y Romeo ve motivos para matizar la nueva Ley de Telecomunicaciones

El pasado 27 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones para su tramitación en el Parlamento. La reacción del sector ha sido de total rechazo ya que introduce actuaciones administrativas muy cuestionables. Entre ellas descata la invasión de competencias a los ayuntamientos en materia de urbanismo y proteccion del medioambiente.  Algo muy criticado por las agrupaciones de municipios.

De entrada se han presentado una variedad de enmiendas a la totalidad, siendo rechadas recientemente. Ahora le toca el turno a las enmiendas al articulado, cuyo plazo de presentación vence el próximo 26 de noviembre.

Casi todas las enmiendas efectuadas al articulado de este proyecto de ley se cimentan en tres consideraciones fundamentales:

- Se produce un proceso de invasión de competencias locales y autonómicas.
- Se avanza en la aplicación de un régimen sancionador carente de las garantías más básicas de los administrados.
- Se abandonan los más elementales principios de precaución y prudencia que deberían figurar en cualquier iniciativa legislativa destinada a regular ámbitos tan sensibles como la protección de la salud.

Efectivamente, los ayuntamientos ya no podrán realizar un planeamiento urbanístico de forma independiente. Tendrán que someterse a las directrices del Ministerio de Industria cuando afecten a las telecomunicaciones. Por otro lado, se multiplicarán las emisiones de ondas electromagnéticas sin que ninguna administración competente pueda evitarlo, ya que el control medioambiental deja de existir.

La ley contempla:

1.- Perdida de competencias de los municipios y las CCAA en materia de urbanismo y medioambiente. Las ordenanzas que afecten a las torres de telefonía y resto de telecomunicaciones serán aprobadas por el Estado.
2.- Ocupación de las frecuencias y canales radioeléctricos libres no autorizadas (pitos).
3.- Sanciones a los administradores y apoderados con independencia de las que se impongan a la persona jurídica.
4.- Cese urgente de las emisiones sin audiencia al interesado.
5.- El juez debe de resolver el procedimiento de entrada en el centro emisor en menos de 72 horas.

Por muy comprensible que pueda ser la voluntad de desarrollar la tecnología que facilite la comunicación móvil entre las personas, este objetivo no se puede priorizar por encima de la protección de la salud, ni por encima derechos como el de la inviolabilidad del  domicilio. El nuevo proyecto de Ley de Telecomunicaciones minimiza la capacidad de respuesta que se deja a los particulares que quedan afectados por esta normativa.

lunes, 18 de noviembre de 2013

El sector reacciona ante las medidas de la nueva Ley de Telecomunicaciones

Un grupo de empresarios de la comunicación se reunió para instar al Parlamento mesura ante la posibilidad de interferir las frecuencias no planificada
Una batería de actuaciones tratará de sensibilizar a las autoridades y a la sociedad civil sobre el impacto medioambiental de la multiplicación de emisiones.

El pasado 15 de noviembre de 2013, se celebró la reunión en el Hotel Carlton de Madrid, C/ Paseo de las Delicias, 25, del Grupo de Empresarios de Comunicación en Radio y TV (GERTV), con ocasión de la tramitación del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que se tramita en el Parlamento.

El objetivo buscado con la convocatoria es fijar las líneas maestras de una actuación conjunta ante las medidas que prevé el nuevo marco normativo ante la ocupación de frecuencias sin autorización, o su utilización con parámetros distintos a los autorizados. El nuevo proyecto contempla la realización de emisiones “sin contenido sustantivo” en las frecuencias y canales radioeléctricos libres (no planificados) con el consiguiente daño medioambiental que ello provoca.

I.- Desarrollo de la Reunión

Una vez realizadas las presentaciones, se efectúo un análisis pormenorizado de los antecedentes y de la situación de los puntos más relevantes de la nueva Ley mediante una proyección de un Power Point a cargo de Jaime Rodríguez Díez.
Tras las cuestiones técnicas, se produjo  un turno de observaciones, abriéndose el debate a todos los asistentes. Emisoras de radio y televisión, operadores de red, empresarios de la comunicación, instaladores, letrados expertos en telecomunicaciones y fabricantes de equipamiento técnico intercambiaron posiciones sobre las líneas de actuación a emprender.

II.- Los acuerdos adoptados.-

Los asistentes llegaron a los siguientes acuerdos

1.- Propuesta de realizar alegaciones al proyecto del texto de la Ley.
El GERTV acordó recomendar la elaboración de las alegaciones correspondientes en la medida que los plazos lo permitan. Así como suscribir las enmiendas al articulado del proyecto ya elaboradas.

2.- Fomento y organización de reuniones con las autoridades públicas.
Igualmente se acordó la organización de reuniones con los representantes de las administraciones del Estado, CCAA y Corporaciones locales que se verán afectadas con la aplicación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones.

3.- Impulso de la divulgación de la Ley a la sociedad civil.
Se resolvió la preparación de la difusión del proyecto normativo a las organizaciones de empresarios de los sectores implicados, asociaciones de consumidores y usuarios, grupos de defensa de intereses sanitarios y demás entidades que se consideren oportunas.

4.- Fijación de criterios de operación y funcionamiento
También se dejaron sentadas las bases generales de la estructura organizativa y funcional para efectuar las acciones a tomar.

5.- Acciones a corto plazo:
Por último se dispusieron las primeras acciones a realizar:
Implantación de una Comisión de Seguimiento informativa que canalice las actuaciones.
Establecimiento de una asesoría para los interesados
Implantación de listas de discusión temáticas.
Implantación de agendas de trabajo.
Preparación de convocatoria de próxima reunión

viernes, 15 de noviembre de 2013

El PP exige al Gobierno canario un nuevo concurso para las TDT


El PP cree que se han producido cambios que justifican la renuncia. El Ejecutivo defiende el proceso y avanza que su ejecución se encuentra "en su fase final".

Por enésima vez, el sector audiovisual volvió a ser objeto de debate en el Parlamento de Canarias y, por enésima vez, quedó en evidencia que su futuro es de todo menos halagüeño. En este caso tocó debatir sobre el polémico concurso de adjudicación de las licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT), procedimiento que los tribunales obligaron a retrotraer a sus inicios -2007-, y cuya resolución actual genera discrepancias entre el Ejecutivo canario y el principal partido de la oposición, el Partido Popular.

La diputada del PP Águeda Montelongo exigió ayer al Gobierno de Paulino Rivero que "renuncie" al actual concurso para el reparto de las TDT por diversas razones que, a su juicio, lo hacen inviable.

Por la, considera la diputada que las ofertas se presentaron en un contexto económico que "en nada tiene que ver con el actual". Además, el marco jurídico de hace siete años era diferente al rige en la actualidad, con la aprobación de la Ley General Audiovisual. Y a ello se suma que los elementos técnicos de esas ofertas "en nada tienen que ver" con lo que hay ahora en el mercado. "A lo mejor se va a dar a concesión con la tecnología obsoleta", alertó Montelongo. Pero, además, la diputada remarcó que en la nueva legislación estatal la "concesión" pasa a ser "licencia" y el periodo de vigencia se amplia de 10 a 15 años. "Y el volumen de negocio que se planteaba en las ofertas era a diez años", precisó.

Con respeto a la posible responsabilidad patrimonial que tendría que afrontar el Gobierno si renunciara al actual concurso, Águeda Montelongo indicó que ya se está pagando por los recursos que los tribunales  están fallando en contra del Ejecutivo. "Hay que valorar ese aspecto", añadió. Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, por el contrario, recordó al PP que había participado en el concurso que luego anularon los tribunales, y sostuvo que lo que ha hecho el Gobierno es "cumplir" la sentencia emitida por el Tribunal Supremo del pasado año. Esto es, "emitir un nuevo informe con mayor grado de motivación que el que dio lugar a la adjudicación de octubre de 2007".

En este sentido, González Ortiz avanzó que la "ejecución" del concurso se encuentra "en su fase final", y defendió la actuación del Ejecutivo al respecto. Se ha hecho todo "en cumplimiento estricto" del fallo del TS.
 
Fuente: Mundoplus

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Nueva imputación por prevaricación a Martín Marrero por sancionar a una TV

El Diario de Tenerife recoge la siguiente noticia

Martín Marrero, vice consejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, que ayer declaró como imputado en el juzgado de instrucción número 1 de Santa Cruz, no contestó a las preguntas de la abogada de la acusación. Pero sí a la juez, que se pasó un buen rato interrogando al imputado sobre diversos extremos de la querella.

La acusación, la Voz del Valle, S.L., mercantil propietaria de Mi Tierra Televisión, le atribuye a Marrero un presunto delito de prevaricación por haber multado al canal con 500.001 euros por emitir ilegalmente, cuando resulta que tras una sentencia del Tribunal Supremo, todas las TDT canarias son ilegales (o alegales) y emiten ilegalmente (o alegalmente).

Además, la jueza le preguntó por qué usaba los choferes de la Presidencia para enviar las notificaciones a Mi Tierra TV –siempre el mismo–, que además presta funciones de conductor de autoridades de la Presidencia del Gobierno.

Martín Marrero, acogiéndose a su derecho a no declarar, no respondió a las preguntas de la abogada de la acusación. El fiscal no hizo acto de presencia. La abogada entregó a la magistrada la lista de preguntas que iba a hacer al imputado.

Martín  Marrero es el máximo responsable de las concesiones de emisoras de FM y de las cadenas de TDT, concursos que han sido un completo desastre y que han acabado como el rosario de la aurora y en los juzgados.

La multa desorbitada impuesta a la estación televisiva portuense provocó la inmediata reacción del canal, que encargó al despacho de abogados RGAla interposición de una querella por un presunto delito de prevaricación (dictar, a sabiendas, una resolución injusta) contra Martín Marrero.

Admitida a trámite la querella, se ha escuchado la primera declaración en el juzgado número 1 de los de Santa Cruz, al que correspondió por turno la instrucción de la querella. Es previsible que la jueza solicite nuevas actuaciones.

martes, 12 de noviembre de 2013

La Herencia Digital ¿Qué pasa con vida online tras la muerte?

¿Qué pasa con tu vida online tras la muerte? Descubre los mejores servicios para gestionar de forma privada los perfiles sociales y la información de la red antes de fallecer

El auge de las nuevas tecnologías ha aumentado el número de páginas virtuales que tenemos sobre nosotros en la red. Perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Paypal, Tuenti, etc. Pero, ¿qué sucede con estas cuentas online tras la muerte de su titular?

Aunque no lo parezca, cerrar el perfil de Facebook de una persona fallecida no es tarea fácil debido a las normas de privacidad que tienen las redes sociales. De hecho, los creadores de Tellmebye, la nueva plataforma online para gestionar tu herencia digital, afirman que hay más de 30 millones de perfiles en Facebook que pertenecen a personas fallecidas.
Cada vez se usa más la red para exponer y compatir nuestra vida y la identidad digital crece sin descanso de forma exponencial lo que provoca un patrimonio digital que no debe ser abandonado tras nuestra muerte. Estos son algunos servicios para gestionar de forma privada y con antelación a nuestros seres queridos que hacer con los perfiles sociales, la herencia digital y la información online.

1. Tellmebye. Es la última novedad del mercado. Esta nueva plataforma online que gestiona la herencia digital de sus usuarios de forma gratuita. Su servicios están enfocados especialmente a la gestión de herencias digitales, eliminación de perfiles en redes sociales y otras soluciones necesarias y olvidadas que surgen tras la muerte. Entre otras opciones, los usuarios podrán determinar sus últimas voluntades y decidir sobre temas como dónde ser enterrado, el tipo de ceremonia que desean, a quien avisar e incluso dejar recuerdos, mensajes y documentos póstumos a sus amigos y familiares más queridos. Además, los usuarios pueden establecer diferentes herederos con todos los detalles de su presencia online para que, después de su fallecimiento, ellos puedan gestionar sus perfiles online, acceder a su musica o a su biblioteca online.

2. Entrustet. Fundada en 2008, Entrustet es un pionero en la industria de la planificación digital. Permite al titular de la cuenta designar hasta diez "herederos" para sus cuentas financieras, en redes sociales, blogs, correos electrónicos y servicios de almacenamiento de archivos, nombrando a un encargado para que ejecute sus últimos deseos. También ofrece a los usuarios la posibiliad de crear una lista de cuentas online y archivos informáticos y decidir si cada uno de ellos debería eliminarse o transferirse a un heredero cuando el usuario fallezca. A través de la Account Guardian de Entrustet los usuarios pueden guardar con seguridad sus activos digitales y últimos deseos.
3. Legacy Locker. Su principal servicio consiste en facilitar a nuestros seres queridos el acceso a nuestras cuentas digitales una vez que fallezcamos. Aunque no solo transfiere las contraseñas de correos, blogs y redes sociales a las personas que se designen como "herederos", sino que en su versión de pago permite enviar mensajes y vídeos póstumos a los seres queridos de forma personal ya que se puede indicar el nombre y dirección de las personas a quienes queremos que se remita la información de cada una de nuestras cuentas. También es posible programar una serie de correos electrónicos que se enviarán en el caso de defunción. Aunque para avisar a la compañía se requiere que algún familiar o amigo presente un certificado de defunción de esa persona. En este caso, la empresa envía cuatro correos a la persona fallecida y si en el plazo de 48 horas no contesta, se activa todo el sistema.

4. Asset Lock. Se trata de una "caja fuerte digital" en la que se guarda todo tipo de documentos , contraseñas o últimas voluntades, que serán notificadas a los herederos designados al fallecimiento del titular. Información sobre finanzas, planificación patrimonial, pólizas de seguro, contraseñas de cuentas, correo electrónico o su última voluntad.

5. Great Goodbye. Su finalidad es enviar un mensaje póstumo. Los usuarios pueden redactar mensajes de correo electrónico antes de tiempo para ser enviado después de su muerte, junto con fotos, videos y grabaciones de audio, o lo que desees. Para ello , se le otorga un código de acceso a un amigo o familiar para que active el proceso de entrega tras el fallecimiento del titular.
6. Death Switch. Es un sitio web que permite a los usuarios almacenar mensajes de correo electrónico cifrados, para ser enviados en el momento de su muerte. Para determinar el momento del fallecimiento, una vez que el usuario se registra en el servicio, cada cierto tiempo recibe un mensaje que debe responder con una contraseña personal. Si no se introduce la contraseña después de varios avisos, el sistema considera que ha muerto y envía a la persona nombrada como heredero un correo con todas las contraseñas y nombres de usuarios de todas las cuentas del titular.

7. My Web Will. Un servicio en internet que nos permitirá dejar un testamento online, declarando qué queremos hacer con nuestras cuentas. En concreto, esta plataforma permite establecer a una persona para que se encargue de cerrar los perfiles del fallecido en las redes sociales tras la muerte de este. Aunque si estás suscrito a la versión premium también da la opción de dejar un "último adiós" en Facebook o dejar tus cuenta a alguien para que él las gestione. El número de cuentas sobre el que puedes operar es ilimitado.

Fuente: Gemma Fernández

Cierre de RTVV ¿La defunción del sector audiovisual?

El cierre de Ràdio Televisió Valenciana ( RTVV) es un drama para la sociedad valenciana. Un drama donde muchos sectores de la economía y la sociedad valenciana van a perder su altavoz para promocionarse. Una tragedia más acentuada para los sectores que sobrevivían indirectamente del gran ente público, como es el sector audiovisual valenciano.

El sector audiovisual valenciano está formado por 120 empresas y emplea alrededor de 3.000 personas. Un sector que se tambalea con el cierre. Para la productora Barret Films el cierre significa “un debilitamiento sin parangón” en el sector audiovisual. La productora valenciana, famosa por la producción del documental que denunciaba las irregularidades y el silencio sobre las causas del accidente del metro de Valencia, valora que a ellos “directamente no nos afecta en tanto en cuanto no teníamos producciones apalabradas ni teníamos una estrecha relación profesional con el ente público. Pero, es un mazazo porque barre de un plumazo expectativas futuras y la viabilidad misma del sector el audiovisual”.
Pasozebra, productora audiovisual valenciana de animación infografica, opina que a ellos no les afecta porque “nuestra empresa vive de la exportación audiovisual, no tenemos apenas protección oficial o institucional”. Asimismo, la productora defiende que RTVV “tenía una gran papel para hacer” y denuncia que Canal 9 fue “una televisión ajena al audiovisual”. Ferran Gadea, portavoz de l’Associació d’Actors Professionals Valencians y famoso por su papel en una de las series más vistas de Canal 9, L’Alqueria Blanca, opina que el cierre “será la muerte y abandono total” y que “los profesionales emigraremos o nos dedicaremos a otra cosa”.
Andrés Boix, profesor de derecho administrativo de la Universitat de València y especialista en derecho de la comunicación valora que el cierre de la televisión pública valenciana “supone la definitiva liquidación del sector audiovisual autóctono”“El cierre de RTVV es una puntilla casi definitiva que sólo un cambio de muchas de las circunstancias descritas podría, en el futuro, y poco a poco comenzar a revertirse. Si no se da ese cambio, sencillamente, los profesionales del sector no tendrán más remedio que emigrar si quieren seguir trabajando en lo suyo”, analiza el profesor de la Universitat de València.
¿Condenados a emigrar?
Kiko Martínez, directivo de la productora de cine y televisión Nadie es Perfecto, anunció desde Los Ángeles que cerrará su oficina en Valencia. Una situación que puede extenderse al resto de empresas audiovisuales que tengan delegación en el País Valenciano y que puede plantear a las empresas autóctonas la emigración.

Para Pasozebra la cuestión “no se trata de un hecho físico”. Según la productora valenciana con el diseño del sistema audiovisual valenciano “solo se mantiene aquellas empresas audiovisuales que exportan, que están en otros lugares”. Barret Films, en cambio, no plantea la posibilidad de emigrar. Para ellos como productora “comprometida con la sociedad” no conciben otra salida “ahora más que nunca, que apostar por hacer productos audiovisuales de calidad, desde el País Valenciano, para poner en valor el talento y la creatividad de un sector audiovisual muy bien cualificado”.
Aunque existen dos canales autonómicos privados cómo Mediterráneo TV y Las Provincias TV y otras TDT locales cómo Levante TV, para Andrés Boix “la producción propia de la TDT privada local y autonómica que no está dedicada al tarot o a las teletiendas es tan humilde que a efectos prácticos puede entenderse como inexistente”. “Hay algo de información de proximidad, alguna tertulia, programas de fútbol o algún contenido temático de bajo coste. Pero muy poco. Y a esta cantidad exigua se une que los contenidos tampoco son los que permiten ayudar a generar industria”, sentencia el especialista en derecho de la comunicación.
Escaso impulso audiovisual
Muchas productoras como son Barret Films y Pasozebra no han trabajado para la televisión pública valenciana. RTVV, símbolo de la manipulación informativa del Partido Popular Valenciano (PPCV) e implicada en el caso Gürtel cómo acredita el sumario del caso, se convirtió muchos años en una ente del que las productoras amigas o vinculadas al PPCV podían hacer sus programas, lo que derivó en que muchas veces el impulso al modelo audiovisual que se desarrolló en otras comunidades no se hiciera en el País Valenciano.
“RTVV empezó siendo un gran apoyo del sector hacía el exterior pero se terminó convirtiendo en un instrumento político, clientelista y de localismo terminal” opinan desde Pasozebra. Ferran Gadea afirma en el mismo sentido que “la cadena encargaba trabajos solo para un tipo de público ideológicamente afín al PP, con censura sobre temas y personas, falta de transparencia en los concursos y adjudicaciones de trabajos”.  Andrés Boix apunta “sin duda en el País Valenciano ha faltado la ambición necesaria para intentar revertir la situación, o quizás la inteligencia para hacerlo bien, incluso cuando ha habido generosas inyecciones económicas por parte del sector público como, por ejemplo, con la Ciutat de la Llum d'Alacant”.
 
Hipotética reapertura
Ante una hipotética reapertura de la televisión pública valenciana, Ferran Gadea se muestra pesimista a que esta volviera a poder impulsar el sector audiovisual valenciano, ya que para él “las pocas productoras que quedan cerrarán y abrir de nuevo será imposible”. Boix, en cambio se muestra un poco más optimista ante una posible reapertura de RTVV “ayudaría mucho una reapertura. Pero la vuelta de RTVV, siendo una condición necesaria, no es suficiente. Tendría que volver, además, con una decidida apuesta por las producciones propias o próximas, con voluntad de colaborar con televisiones locales que hagan información de proximidad, con una apuesta por la calidad ambiciosa que incluso aspire a expandir su mercado”.

El cierre de Ràdio Televisión Valenciana es la puntilla para un sector, obligado con esta decisión a exportar, emigrar o morir. El portavoz de la patronal del audiovisual valenciano, la Associació de Productors Audiovisuals, Ximo Pérez, declaró en El País, que el cierre liquidará el 95% del tejido audiovisual valenciano. Consecuencias económicas de un cierre que aboca a la asfixia a un sector en auge.
 
Fuente: Moisés Pérez

lunes, 11 de noviembre de 2013

La Sentencia que cierra la Radio Televison Valenciana: Accede


Esta es la sentencia sobre el expediente de despido colectivo de Radiotelevisión Valenciana  dictada por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, que provocó el cierre de la RTVV.

Las autonómicas han reducido sus ingresos un 60% desde 2008

El Gobierno valenciano anunció esta semana el cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tras haberse conocido el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declaraba nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a más de un millar de los 1.800 trabajadores de una empresa pública con más de 1.000 millones de euros de deuda. Las imágenes de alegría de los empleados de la cadena por la mañana, ilusionados con su previsible vuelta al trabajo, mutaron pronto en desolación al conocerse la tajante decisión del presidente valenciano, Alberto Fabra: «Es innegociable».
El cierre de RTVV, el primero que se produce en España en una cadena regional –existe un único operador de televisión pública de titularidad del Estado: Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE)–, es la punta del iceberg que ha puesto de actualidad la situación que atraviesan las cadenas autonómicas. Nacidas en 1983 como un servicio público, están presentes en trece comunidades –Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia–.
Vascos, catalanes y gallegos fueron de los primeros en crear sus propias radios y televisiones con el objetivo principal de preservar y fomentar la lengua vernácula. Navarra, Castilla y León, Cantabria y La Rioja son las cuatro únicas comunidades que no han desarrollado su propia televisión.
Y, vistos los resultados de las cadenas públicas, con un saldo negativo de 1.500 millones de euros al año en las respectivas cuentas autonómicas y un coste a cada hogar de más de 100 euros anuales, parece que fue una decisión acertada. Tras la quiebra por derribo de RTVV, los graves problemas que acucian al conjunto de cadenas públicas regionales tienen en este momento al borde del cierre a Telemadrid o, en el caso de Castilla-La Mancha TV, de la privatización. El presidente madrileño, Ignacio González, ha advertido de que «no tendrá otra alternativa» que cerrar la cadena si los sindicatos la hacen «inviable» y el canal «sigue siendo deficitario». Por su parte, María Dolores de Cospedal, es partidaria de privatizar la emisora de su región por la importante deuda que arrastra, de la que no se tienen datos.
Un estudio de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) indica que en los últimos años los ingresos «se han visto especialmente mermados por efecto de la fragmentación de la audiencia, debida a la aparición de nuevos operadores impulsados por la transición a la TDT», lo que se une a los efectos de la crisis, que afecta en gran parte a la inversión publicitaria.
Lejos están los tiempos de la bonanza económica, cuando las autonomías no entendían de ahorro en lo tocante a sus televisiones autonómicas. En 2008, los gobiernos regionales duplicaron las subvenciones a sus cadenas hasta sumar casi 700 millones de euros, más del doble de los 337 millones de fondos públicos que destinaron el ejercicio anterior. Y ello en un año marcado por el inicio de una profunda recesión económica que en el mercado audiovisual se tradujo en una reducción de ingresos publicitarios superior al 20%.
Un año después, en 2009, las cadenas autonómicas elevan sus pérdidas hasta los 2.134 millones, pese a dispararse un 26% sus subvenciones y las de TVE, una cifra récord, para compensar la caída de la publicidad. Es en 2011 cuando la necesidad de meter la tijera llega a las televisiones regionales en pleno debate sobre su viabilidad. Ese año, las cadenas manejan un presupuesto de 1.600 millones, que el año anterior había alcanzado los 1.860 millones. La reducción se debe tanto a la caída de la facturación publicitaria como a los ligeros recortes en las subvenciones. Los 1.500 millones de deuda que acumulan estos organismos y su escasa audiencia hacen peligrar tanto su titularidad pública como su propia existencia. Los casos más sangrantes son los de Cataluña, Valencia y Andalucía.
En abril de 2012, la modificación de la Ley Audiovisual va a permitir a las comunidades locales desde externalizar la gestión completa hasta liquidar las cadenas si consideran que son inviables. No es extraño que sea Valencia la que dé el primer paso, con una modificación legal que abre la puerta a externalizar parte de la parrilla a las empresas privadas. Poco después, en agosto de 2012, es el Gobierno de Murcia el que anuncia que privatiza totalmente la gestión del canal 7RM, creado en 2006. Lo hace creando una gestión plurianual de gestión privada, manteniendo la titularidad pública.
A lo largo del ejercicio, Madrid, Valencia y Baleares deben aprobar partidas extra por valor de 83,5 millones para evitar la quiebra de sus televisiones, que costaron casi 1.300 millones de euros a los contribuyentes.
Ya en este 2013, pese a la situación económica, el conjunto de cadenas regionales anuncian un gasto de al menos 951 millones de euros, lo que supone un ahorro de sólo unos 50 millones con respecto a 2012, cuando se realizó un ajuste de al menos 120 millones.
Situación crítica
La situación es crítica. El desplome de los ingresos publicitarios y la caída de la audiencia espantan a los posibles inversores y convierte en papel mojado la ley que abrió la puerta a los traspasos. Es un hecho que las comunidades autónomas están aparcando la privatización de sus canales. Los ingresos por publicidad de las trece televisiones alcanzaron 125 millones en 2012, un 60% menos que cinco años atrás. A esto hay que sumar la falta de voluntad política de las regiones para desprenderse de sus televisiones.
La audiencia es uno de los puntos flacos de estos colosos en manos del poder político. Las de Telemadrid y Canal Nou han caído por debajo del 5%, cuando en 2008 se situaban en torno al 10%.
En cuanto a pérdidas, después de TV3, Canal Sur es la cadena más costosa para los contribuyentes, con unas subvenciones acumuladas de 1.000 millones en los cinco últimos años y déficit en sus cuentas. Apenas ha externalizado sus servicios y no tiene planes a corto plazo. Telemadrid, que recibe aportaciones anuales de la Comunidad de Madrid superiores a los 70 millones de euros, perdió en 2012 casi 115 millones. La cadena regional ha optado por un traumático ERE para enjugar su déficit.
TV3 cuenta con el mayor presupuesto, con 225 millones al año en subvenciones, pero es líder de audiencia en Cataluña, con cuotas de pantalla superiores al 14%. Ha reducido dos canales y un 10% de su plantilla para ajustar sus costes.
La puntilla ha llegado para RTVV que, con las dimensiones que tenía antes del ERE, con una plantilla de 1.651 personas, una deuda superior a los 1.000 millones, un patrimonio neto negativo de 1.199 millones y unos elevados costes de funcionamiento, no podía sostenerse con las exangües arcas autonómicas. Así, Canal 9 y Radio 9 dejarán de salir al aire 24 años después.
Fuente: A. Bartolomé