jueves, 24 de octubre de 2013

Se pide la renuncia a las licencias TDT Canarias

El canal de TDT (Televisión Digital Terrestre) portuense Mi Tierra TV, representado por José López Peraza, ha presentado en el Gobierno de Canarias un informe jurídico de 17 folios sobre la viabilidad de la renuncia al concurso público para la adjudicaciones de concesiones para la explotación de canales de TDT, con cobertura municipal o insular, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El informe, dirigido por el letrado Pedro González Delgado, del gabinete jurídico RGA Abogados, indica que en base a razones de interés público que se contienen en el mencionado alegato, y para proteger la seguridad jurídica de cualquier posible licitador o adjudicatario de las licencias para las concesiones, se hace preciso que el Gobierno renuncie a adoptar una medida estratégica de tales características. Esta petición se basa en el decreto 80/2010 y a la vista de su disposición derogatoria única.

Entre los motivos que animan a este canal para solicitar del Ejecutivo canario la suspensión del concurso se alude a ofertas desfasadas en el tiempo (de hace siete años) por parte de algunas empresas que o se han reagrupado, o no existen, “por lo que no se garantiza la selección de los contratistas más idóneos”.

En el escrito se indica que “resulta obvio que la satisfacción del interés público requiere efectuar una nueva convocatoria regida por la nueva regulación audiovisual, en la que se permita la actualización de las anteriores ofertas, tanto técnica como jurídicamente, y, a lo sumo, se incremente la concurrencia de otros licitadores”.

Finalmente se pide al Ejecutivo autónomo que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del texto refundido de la Ley de Contratosdel Sector Público se propone la renuncia al concurso público para la adjudicación de concesiones de las TDT, por parte del Gobierno de Canarias”.

Según criterio del letrado que ha elaborado la pieza jurídica, cargada de argumentos, los cambios de la ley aplicable y de la situación empresarial y de otro tipo de los concurrentes al concurso hacen inviable el mismo, por lo que es preciso proceder a la renuncia del Gobierno y a la convocatoria de un nuevo concurso que sea respetuoso con la nueva regulación audiovisual

Fuente: El Diario de Tenerife

martes, 22 de octubre de 2013

Nuria Domínguez, Directora de AtresMedia, habla de las emisoras sin licencia

En los primeros años de la radiodifusión, las emisoras campaban a sus anchas y se apropiaban del espacio por el que viajan las ondas sin ningún tipo de miramientos. Era como la ley de la jungla, donde no había leyes y el que primero llegaba se adueñaba del dial. Para poner orden, se estableció una división de todas las ondas. Así nació, el llamado "espectro electromagnético". Hoy en día, en España el mundo de la radiodifusión sigue viviendo en una jungla donde las emisoras ilegales son mayoría.

Supuestamente para eso se crearon las sucesivas entregas del llamado Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, instrumento mediante el cual el Gobierno Nacional desarrollaba jurídicamente la política del servicio determinada en la ley, y establecía la ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido a este servicio. Era la fórmula ideada para intentar acabar con la "piratería", pero las cifras demuestran que el fracaso ha sido absoluto. En España hay ahora mismo más de 3.000 emisoras ilegales, frente a las algo más de 1.500 que suman entre RNE, la SER, Onda Cero y la Cadena Cope.

Como denuncia Nuria Domínguez, directora Técnica de AtresMedia, "los Planes Técnicos se esgrimieron por parte de las Comunidades Autónomas como la fórmula para acabar con las piratas, pero lo único que ha ocurrido es que estamos igual que antes, con piratas por todas partes". Lo peor de todo, según ella, es que parece difícil que la situación mejore porque "ha habido sentencias, en favor de la libertad de expresión, que anulaban algunos expedientes sancionadores que se habían realizado".

Es tal el problema que los radiodifusores aseguran que está causando más daño que la crisis publicitaria. La pasividad de la Administración (tanto estatal como autonómica) y esos subterfugios normativos que han dado pie a esas citadas sentencias, hace que no sólo desaparezcan las ilegales sino que aumenten, por mucho que, como precisa Nuria Domínguez, "caben como caben, molestando a las legales, sobre todo en las grandes ciudades".
El motivo de ello es porque en estos lugares tan poblados en donde más proliferan las "ilegales".

Como puntualiza la directora Técnica de AtresMedia, "por ley entre el dial de una emisora y otra tendría que haber una separación de 400 kiloherzios, y si, por ejemplo, Onda Cero está en Madrid en el 98.0 no debería haber ninguna en el 98.2 y el 98.3 y sin embargo hay una en el 98.1".
Para ella, "es complicado que las administraciones se embarquen en el proyecto de intentar solventar el problema, tanto porque es complicado judicialmente hablando, como ha quedado visto, como porque entre administraciones no quieren complicarse unos con otros, y porque todo eso conllevaría un coste económico que nadie quiere asumir y hasta un coste de imagen, por atentar supuestamente contra los trabajadores de esas empresas".

Últimas concesiones en 2006
Ese papel de mediador en el conflicto lo debería haber asumido la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que se creó en 2003 para la ejecución de la gestión del dominio público radioeléctrico.
El citado ministerio tiene en sus manos desde 2004 una relación de todas las irregularidades, gracias sobre todo al exhaustivo trabajo realizado por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que entregó al Gobierno con la esperanza de que con la elaboración de un nuevo Plan Técnico de FM se pusiera fin al caos que reinaba en la ondas.

Dos años más tarde, en 2006, se puso en marcha un nuevo Plan Técnico Nacional, mediante el que las comunidades autónomas podrían poner en marcha concursos para la concesión de nuevas licencias radiofónicas. Hoy en día, comunidades autónomas como las de Murcia, Valencia y Castilla y León todavía no han resuelto esos concursos, y otra, como la del País Vasco, ha renunciado ya a hacerlo.

Una más, como la de Madrid, sí lo había hecho, pero porque en la capital sólo tenía una concesión, y aun otra, Ceuta, no ha tenido ni tan siquiera que hacerlo ya que para ella no había concurso alguno. Hay que tener en cuenta que antes de que el Ejecutivo otorgue más o menos concesiones a una comunidad tiene muy en cuenta si ésta necesita o no más emisoras, analizando si tiene o no suficientes ya, en función del territorio a cubrir, criterios demográficos y geográficos (si pudiera entrar en conflicto por cuestiones de coordinación internacional).
Antes del pasado verano, siete años después, otra más, la gallega, fue la última en otorgar unas concesiones que, según Nuria Domínguez, "teóricamente pueden ser las últimas que se otorguen, sobre todo porque nadie parece encontrar resquicio alguno al problema".

Ilegales que pagan impuestos
Lo mejor del caso es que todas esas empresas ilegales afirman orgullosas de que "están en absoluta legalidad", a excepción de su licencia, que pagan puntualmente sus impuestos, emplean a casi una cuarta parte de todos los trabajadores radiofónicos de España y abonan religiosamente las tasas exigidas por la SGAE.
De esas 3.000 emisoras que nunca tendrán una licencia, precisamente porque no la han concedido en todos los concursos a los que se han presentado (hay alguna que ni tan siquiera eso), las comunidades donde más hay son las de Canarias (482), Andalucía (387), la Comunidad Valenciana (318), Cataluña (183), Madrid (144) y País Vasco (143). Por el contrario, La Rioja, con apenas cuatro, es la que cuenta con menos.

En ese montante hay que incluir a las más de 500 emisoras municipales que incumplían la ley reguladora, al ceder, por ejemplo, la gestión a particulares o formar cadenas con otras estaciones cuyo ámbito de cobertura se circunscribe al de un Ayuntamiento. Onda Verde, en Madrid, fue una de las pioneras, llegando a unos 20.000 oyentes con más de 400 programas a la semana. En los 80 se convirtió en bandera del "eco-pacifismo".

En Valencia fue donde más se intentó acabar con ellas, sobre todo en 2010, cuando muchas de estas emisoras piratas recibieron escritos de la Generalitat valenciana en los que les instaba a cerrar bajo amenaza de multa de 200.000 euros y cierre a la fuerza si no se avenian. Ni por esas lograron terminar con ellas, por culpa de las sentencias en su contra.

El mal de las "asociadas"
Por si con esta problemática no bastara, algunas emisoras, como Onda Cero y, ya en menor medida, la Cope, siguen con la otra gran cruzada radiofónica del medio, la del mayor o menor número de "postes" que tienen frente a la competencia. A nivel privado, la gran beneficiada es la Cadena Ser, ya que de las casi 500 que tiene más de la mitad son "asociadas" y el resto suyas. La Cope también ha ido ganando también frecuencias en los últimos tiempos, y no ya sólo gracias al acuerdo con Punto Radio, sino también por haber llegado a acuerdos con otros empresarios que tenían su propia frecuencia en una zona determinada no controlada por ellos.

Como explica Nuria Domínguez, para que estos acuerdos se den "tiene que existir cierta afinidad ideológica entre las dos partes", aunque precisa que "la política de la SER ha sido siempre la de intentar quedarse con el mayor número posible de emisoras, fuera o no una población pequeña, para que no pudiera entar un competidor". Para lograrlo, "en tiempos en los que no había crisis les trataba bien, repartiendo beneficios con ellos".

Eso sí, reconoce que "aunque es más fácil lograr el liderato, no es necesario tener el mayor número de postes para ser la emisora más escuchada". Como ejemplo de ello recuerda a la extinta Antena 3 Radio, que fue líder sin tener tantas frecuencias. Eso sí, no tardó mucho en poner fin a ello la mismísima Cadena Ser, a través de la sociedad Unión Radio.

Fuente: La estrella digital

viernes, 11 de octubre de 2013

El Sexting se hace con el whatsapp

En las últimas semanas un vídeo de contenido sexual ha corrido de móvil en móvil por ‘whatsapp’ en la capital, difundido sin el consentimiento de la persona adulta que aparece en él.  El caso  es real pero no hay denuncia de por medio por lo que ni las fuerzas de seguridad, que tienen conocimiento del hecho de manera extraoficial, ni la administración de Justicia pueden actuar de oficio al tratarse de un delito que afecta al derecho a la intimidad de las personas, cada vez más expuesto a cualquier vulneración por la tecnología.

“Nos movemos en un ámbito delictivo que afecta a la intimidad, que se persigue a instancia de parte porque se producen en la esfera privada y si la persona afectada no se mueve no se puede actuar”, explica un abogado familiarizado con esta modalidad delictiva y que no tiene claro qué consejo dar al afectado. “Mi opinión es que no sirve un consejo para todas las personas y hay tantos consejos como personas”, “la gente en esta materia no es compresiva. Vivimos en una sociedad muy machista y es difícil, como vimos en el ‘caso Hormigos’, que alguien que denuncia la difusión de unas fotografías íntimas hechas con sus consentimiento se sienta arropado por la sociedad”.

Sobre este nuevo fenómeno, bautizado como ‘sexting’, fuentes policiales aseguran que “ni es un nuevo ni ha sido el único caso que hemos tenido, pero la gente es reacia a denunciar y es una decisión respetable”.  La estadística refiere que hasta las  comisarías o cuarteles llegan cada vez más casos, pero no siempre todos ellos se materializan en denuncias.

Y una explicación es que parar la difusión de algo que queda grabado o registrado en la red es difícil, aunque con sentencias penales condenatorias de por medio se consigue, sólo que hasta que llegar ahí hay que pasar por una serie de trámites que no todo el mundo está dispuesto a soportar, de ahí que ni juristas ni abogados consultados por este periódico tengan una opinión clara acerca de qué hacer o qué aconsejar a quien sufre un ataque contra su intimidad o su imagen a través de las nuevas tecnologías.
Y luego está el matiz de si se trata de una imagen obtenida con el consentimiento de la persona, o bien es robada o grabada sin su consentimiento. En este último caso es más fácil acudir a la comisaría, pero, pese a ello “hay que ser muy fuerte para dar un paso así”, opina el mismo letrado penalista.

Otro abogado que ha llevado casos graves de difusión de fotografías eróticas robadas opina lo contrario: “Yo recomiendo denunciar porque son incontrolables. Cuando te quieres dar cuenta están circulando en páginas y lugares que no sospechabas, proliferan en progresión geométrica. Con una denuncia de por medio ya puedes perseguir a todo aquel que lo difunda”.

Este jurista distingue también entre vídeos o imágenes tomadas con el consentimiento de la persona protagonista, y las obtenidas de forma clandestina, “entiendo que a veces es mayor el escándalo que el reproche penal. Pero si quieres cortarlo hay que denunciar”.

La Agencia Española de Protección de Datos y Autocontrol acuerdan el control del uso de cookies

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y AUTOCONTROL (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial) han firmado un acuerdo para la cooperación en el seguimiento de la correcta utilización de cookies en los dispositivos terminales de los usuarios y la detección, corrección y supresión de aquellas prácticas en este ámbito que no se adecúen a las obligaciones legales que les sean de aplicación.

En el Acuerdo se hace constar que la AEPD acoge satisfactoriamente el sistema de autorregulación de Autocontrol, en particular en el ámbito de las cookies.

Asimismo, estipula que la AEPD podrá solicitar a Autocontrolinformación sobre si una determinada página web, plataforma o aplicación ha obtenido un informe de verificación positivo en el marco del procedimiento de Cookie Advice®. Éste es un nuevo servicio de consultoría técnica y jurídica ofrecido por Autocontrol  para ayudar a las empresas y a los responsables de páginas web en general a adecuarse a las exigencias legales en materia de cookies. En el Acuerdo se prevé, asimismo, que la AEPD podrá solicitar información acerca de si una página web, plataforma o aplicación ha sido objeto de un procedimiento de resolución extrajudicial de controversias en el seno del Jurado de la Publicidad de Autocontrol, en relación con el uso que esté haciendo de las cookies. En ambos casos, Autocontrol trasladará a la AEPD una copia de las correspondientes actuaciones. Este Acuerdo de colaboración no afecta al ejercicio de las competencias de la AEPD en materia de cookies.

Por otra parte, en el documento se señala que si la AEPD realiza un requerimiento a una empresa en relación con la instalación de cookies desde una página web u otra plataforma o aplicación, ésta en su respuesta puede informar que cuenta con un informe de verificación de cookies positivo emitido por Autocontrol . En tal caso, en el Acuerdo se señala que la AEPD podrá incorporar al expediente dicho informe como elemento de valoración de la responsabilidad de la empresa.

La colaboración se hará también efectiva cuando la AEPD lo requiera en cualquier cuestión relacionada con la regulación de las cookies y el control de su licitud. Por su parte, Autocontrol podrá solicitar la ayuda de la AEPD para emitir dictámenes, estudios, proyectos y resoluciones que afecten a la regulación del uso de cookies. Finalmente, en el Acuerdo se señala que ambas instituciones podrán llevar a cabo cuantas acciones de divulgación, formación o estudio consideren convenientes, de común acuerdo.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de la ejecución de este acuerdo por ambas partes, éstas se comprometen a establecer la correspondiente Comisión de Seguimiento que estará compuesta paritariamente y se reunirá de forma periódica. El acuerdo ha entrado hoy en vigor tras su firma por ambas partes y tendrá una duración indefinida.

Nuevo marco legal

Este Acuerdo responde al cambio significativo que se produjo en el año 2012 en la regulación de cookies como consecuencia de la publicación, el 30 de marzo, del Real Decreto Ley 13/2012, cuyo objetivo era la trasposición en nuestro país de la reforma de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, llevada a cabo porla Directiva 2009/136/CE de 25 de noviembre.

En concreto, la citada norma modificó el texto del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico en lo relativo al modo en que los prestadores de servicios de la información deben recabar el consentimiento informado de los usuarios en cuyos dispositivos terminales se instalan cookies. En concreto el artículo 22.2 de la citada ley exige que los editores web informen sobre el uso de cookies y obtengan el consentimiento de los usuarios para su instalación.

Previo a la firma del presente Acuerdo, y también como consecuencia de la citada modificación legal, la AEPD y las asociaciones adigital, Autocontrol e IAB Spain presentaron de forma conjunta en el mes de abril la primera guía en Europa en esta materia elaborada conjuntamente por la autoridad de protección de datos y los representantes de la industria. La Guía sobre el uso de las cookies recoge las orientaciones, garantías y obligaciones que la industria se compromete a difundir y aplicar para adaptar la instalación de este tipo de archivos a la legislación vigente.

Fuente: Infoperiodistas

jueves, 10 de octubre de 2013

Canarias adjudica nuevamente 47 licencias de TDT Local e Insular


En el día de ayer, 9 de octubre de 2013, comenzaron a notificarse las cartas a los nuevos seleccionados por la Mesa de Contratación en el concurso de licencias de TDTL con cobertura local e Insular. Ahora el trámite a realizar es la justificación de que están al corriente con las obligaciones tributarias del Estado, Canarias y de la Seguridad Social. También deberán estar dados de alta en el IAE.

En el supuesto de que alguno de los propuestos como adjudicatarios no pueda cumplir con estos requisitos, la adjudicación pasará a la siguiente oferta mejor puntuada.

 Los hechos se remontan a la publicación del Decreto 377/2007, de 16 de octubre, de otorgamiento de las 47 concesiones para explotar los canales digitales del servicio de televisión digital terrestre (TDT). http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/207/boc-2007-207-anexo-23862-23864.pdf
 
Tras ello, numerosas televisiones locales recurrieron la decisión que terminó anulándose por:

·         Falta de motivación, y
·         Desnaturalizar de las funciones de la Mesa de Contratación al hacer suyo un Informe de una consultora privada.


 La Sentencia obligaba al Gobierno de Canarias a volver a tramitar el procedimiento de valoración de ofertas. Esto ha terminado el pasado 7 de octubre de 2013 y ahora se vuelven a repartir las 33 licencias de TDT Local y las 14 licencias de TDT Insular (2 por isla) a las empresas privadas que licitaron en el 2006.