El Gobierno Extremeño no recurrirá la anulacion de la FM
El Gobierno de Extremadura ejecutará la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que ha anulado el concurso por el que se adjudicaron 41 emisoras de radio de frecuencia modulada en esta comunidad autónoma en el año 2009, y la cual obliga a puntuar de nuevo las 21 licencias solicitadas por 'Radio Interior', que no obtuvo ninguna concesión.
La decisión ha sido avanzada por el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, quien ha afirmado que la sentencia en cuestión es "meridiana" y "clara", así como que la misma desde el punto de visto administrativo genera una situación de "cierta dificultad", en tanto que "supone la anulación de 21 de las 41 emisoras que en su momento fueron adjudicadas".
Además, en rueda de prensa este viernes en Mérida (Badajoz) para presentar la convocatoria de oposiciones planteada por el Gobierno regional, ha explicado que la decisión de ejecutar la sentencia, y de por tanto no recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo, ha sido adoptada tras una "larga" reunión mantenida por el Gabinete de Presidencia y los Servicios Jurídicos autonómicos.
ARGUMENTOS "CONTUNDENTES"
De igual modo, el consejero ha señalado que los argumentos que utiliza la sentencia "son contundentes" y que "no pueden ser soslayados por un gobierno vinculado al principio de legalidad".
En este sentido, se ha atrevido a indicar "sólo en términos técnicos" que se trata de una sentencia que "apunta de manera muy grave al mal comportamiento de la administración".
"A una administración no se le puede acusar de soslayar sus funciones, de no ejecutar sus responsabilidad, de falta de motivación y sobre todo de afectar a los principios de seguridad jurídica" previstos en la Constitución, ha espetado "desde el punto de vista estrictamente técnico".
Ha añadido igualmente que el Ejecutivo regional "no quiere mantener en el tiempo una situación que sin duda alguna estaría o está abocada nuevamente a reiterar la nulidad de pleno derecho de esas 21 adjudicaciones", así como que "no quiere afectar tampoco dilatando en el tiempo lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva en este caso de la mercantil que interpuso el recurso contra la adjudicación".
En esta línea, tras apuntar que "lo más cómodo sería recurrir en casación al Tribunal Supremo", ha añadido también que "no ha sido sencillo tomar la decisión valorando los pros y los contras", al tiempo que ha recalcado que "tiene que pesar ante todo, por encima de la comodidad de un gobierno, la atención al interés general, la responsabilidad y el vínculo hacia el principio de legalidad", que es lo que "en definitiva" ha "valorado" --incide-- el Gabinete de Presidencia y los Servicios Jurídicos del Gobierno autonómico.
La decisión ha sido avanzada por el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, quien ha afirmado que la sentencia en cuestión es "meridiana" y "clara", así como que la misma desde el punto de visto administrativo genera una situación de "cierta dificultad", en tanto que "supone la anulación de 21 de las 41 emisoras que en su momento fueron adjudicadas".
Además, en rueda de prensa este viernes en Mérida (Badajoz) para presentar la convocatoria de oposiciones planteada por el Gobierno regional, ha explicado que la decisión de ejecutar la sentencia, y de por tanto no recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo, ha sido adoptada tras una "larga" reunión mantenida por el Gabinete de Presidencia y los Servicios Jurídicos autonómicos.
ARGUMENTOS "CONTUNDENTES"
De igual modo, el consejero ha señalado que los argumentos que utiliza la sentencia "son contundentes" y que "no pueden ser soslayados por un gobierno vinculado al principio de legalidad".
En este sentido, se ha atrevido a indicar "sólo en términos técnicos" que se trata de una sentencia que "apunta de manera muy grave al mal comportamiento de la administración".
"A una administración no se le puede acusar de soslayar sus funciones, de no ejecutar sus responsabilidad, de falta de motivación y sobre todo de afectar a los principios de seguridad jurídica" previstos en la Constitución, ha espetado "desde el punto de vista estrictamente técnico".
Ha añadido igualmente que el Ejecutivo regional "no quiere mantener en el tiempo una situación que sin duda alguna estaría o está abocada nuevamente a reiterar la nulidad de pleno derecho de esas 21 adjudicaciones", así como que "no quiere afectar tampoco dilatando en el tiempo lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva en este caso de la mercantil que interpuso el recurso contra la adjudicación".
En esta línea, tras apuntar que "lo más cómodo sería recurrir en casación al Tribunal Supremo", ha añadido también que "no ha sido sencillo tomar la decisión valorando los pros y los contras", al tiempo que ha recalcado que "tiene que pesar ante todo, por encima de la comodidad de un gobierno, la atención al interés general, la responsabilidad y el vínculo hacia el principio de legalidad", que es lo que "en definitiva" ha "valorado" --incide-- el Gabinete de Presidencia y los Servicios Jurídicos del Gobierno autonómico.
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