Cantabria aprueba su Decreto de Comunicacion Audiovisual
El Gobierno de Cantabria ha aprobado el decreto por el que se regula y ordena el sector audiovisual de Cantabria, entre otros aspectos, de cara a futuras convocatorias de nuevas licencias de televisión y radio en la comunidad.
En su reunión de ayer, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a este decreto, que adapta también la normativa cántabra a la nueva ley nacional de comunicación audiovisual, además de autorizar expedientes por un importe de 7,8 millones de euros.
La nueva normativa de Servicios de Comunicación Audiovisual, con 38 artículos en seis capítulos, ha contado con la participación de todo el sector, así como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Consejo de Estado, según informa el Gobierno en nota de prensa.
Incluye asuntos como la consideración de este tipo de servicios como de interés general en lugar de públicos, la liberalización de los de carácter comercial y comunitario y la exigencia solamente de concurso público a aquellos servicios que utilicen el dominio público radioeléctrico.
Respecto a posibles nuevas convocatorias de licencias, la normativas establece los criterios mínimos que valoran los concursos públicos, como viabilidad económica y estructural de la emisora, sus características técnicas y operativas, el cómo de la emisión y programación y el compromiso de no trasmitir la licencia en un determinado periodo.
Así el Gobierno señala que se garantiza la seguridad jurídica en el sector audiovisual en aspectos como las licencias, pero también en negocios jurídicos, planes de inspección, sanciones o inscripciones en el registro autonómico de prestadores de servicios de comunicación audiovisual
En su reunión de ayer, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a este decreto, que adapta también la normativa cántabra a la nueva ley nacional de comunicación audiovisual, además de autorizar expedientes por un importe de 7,8 millones de euros.
La nueva normativa de Servicios de Comunicación Audiovisual, con 38 artículos en seis capítulos, ha contado con la participación de todo el sector, así como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Consejo de Estado, según informa el Gobierno en nota de prensa.
Incluye asuntos como la consideración de este tipo de servicios como de interés general en lugar de públicos, la liberalización de los de carácter comercial y comunitario y la exigencia solamente de concurso público a aquellos servicios que utilicen el dominio público radioeléctrico.
Respecto a posibles nuevas convocatorias de licencias, la normativas establece los criterios mínimos que valoran los concursos públicos, como viabilidad económica y estructural de la emisora, sus características técnicas y operativas, el cómo de la emisión y programación y el compromiso de no trasmitir la licencia en un determinado periodo.
Así el Gobierno señala que se garantiza la seguridad jurídica en el sector audiovisual en aspectos como las licencias, pero también en negocios jurídicos, planes de inspección, sanciones o inscripciones en el registro autonómico de prestadores de servicios de comunicación audiovisual
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