Nulidad de la TDT: El Gobierno de Canarias condenado a mas de 60.000 € en costas por el Tribunal Supremo
Hace días asistimos a la anulación judicial de
las licencias adicionales adjudicadas en julio de 2010, por el Ejecutivo
socialista a Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Net TV y Veo TV. El
Tribunal Supremo dejó claro este 22 de marzo de 2013 que se suprimirán 9
canales de cobertura estatal.
La Administración canaria recurrió al TS al no estar conforme con los fallos del TSJC y los resultados no han podido ser más negativos al perder todos y cada uno de los recursos de casación. Además con la imposición de unas costas considerables (5.000 € y 6.200 € por cada proceso) por conducta procesalmente temeraria. Es decir, al recurrir por recurrir.
Los magistrados han fijado unas costas tan altas haciendo
uso de la facultad del artículo 139.3 de la LJCA. Este artículo concede a los
Tribunales el poder para imponer los gastos del juicio, cuando aprecie mala fe o temeridad litigiosa en su actuación procesal. Y es que se ha
demostrado que el Gobierno de Canarias ha utilizado una sistemática de litigar por litigar:
Sea como fuera, resulta paradójico cómo está
derivando la situación:
En las CCAA la situación es cada vez más
insostenible. El reciente reparto de la FM en Canarias y Navarra y el caso de
las licencias de la TDT Canarias.
Ya son más de una docena de Sentencias
del Tribunal Supremo (TS) las que confirman que el reparto de la TDT en
Canarias fue irregular. Con la particularidad de que al Gobierno de Canarias se
le está condenando en costas: 5.000 € por procedimiento perdido, y en 2
ocasiones hasta 6.200 €.
Los hechos se remontan al cuestionado reparto de licencias
de la TDT en 2007, que fue impugnado ante los Tribunales por los licitadores no
seleccionados. En primera instancia se les dio la razón, y el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminó que el Gobierno de Canarias había
cometido irregularidades en la adjudicación:
- Falta de justificación del proceso de selección de la empresa que iba a valorar los proyectos de TDT.
- Informe técnico carente de imparcialidad.
- Desnaturalización de las funciones de la Mesa de
Contratación al asumir las consideraciones del Informe sin la menor crítica o
razonamiento.
La Administración canaria recurrió al TS al no estar conforme con los fallos del TSJC y los resultados no han podido ser más negativos al perder todos y cada uno de los recursos de casación. Además con la imposición de unas costas considerables (5.000 € y 6.200 € por cada proceso) por conducta procesalmente temeraria. Es decir, al recurrir por recurrir.
- en defensa de pretensiones declaradas indefendibles por las todas las Sentencias del TSJC (anulando el reparto de la TDT)
- al basarse en hechos indemostrados (no se motivó el reparto, la Mesa de contratación fue desnaturalizada, la no parcialidad de la adjudicación)
- al utilizar los mismos textos en los recursos de
casación por los letrados del Gobierno de Canarias (el conocido “copia y pega”)
Muchos operadores creen que tienen las licencias
de TDT o Radio FM aseguradas. Los gobiernos autonómicos de turno adjudican
escandalosamente pensando que “el recurso
del pataleo no sirve de nada”. Y finalmente los Tribunales:
- Despojan a los concesionarios de sus licencias, dejándolos en la incertidumbre y sin modelo de negocio
- Descubren los “arreglos” de los ejecutivos en el reparto de licencias.
- Obligan a los que repartieron a pagar a los no adjudicatarios.
- Y dejan un panorama absolutamente desregulado
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